Oscar Rodríguez
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó a la justicia federal de no respetar el debido proceso de los 4 profesores detenidos por las fuerzas federales y que fueron recluidos en el penal federal del Altiplano.
La abogada Edhít Santibáñez Bohórquez. integrante de la secretaria de asuntos jurídicos de la sección 22 de la CNTE, denuncio diversas irregularidades en los proceso judiciales instruidos contra los 4 profesores detenidos, -entre ellos Othón Nazariega, Roberto Jiménez, Efraín Picasso y Juan Carlos Orozco Matus y que están fincado en el juzgado segundo de distrito con sede el Toluca, Estado de México-.
Entre los errores al debido proceso comento que los implicados fueron sujetos de torturas físicas y psicológicas antes de ser presentados al juez por parte de elementos de la Policía Federal, la gendarmería Nacional y la Fiscalía General de Oaxaca además de la Procuraduría General de la República (PGR), lo que valida el estatus de desaparición forzada y detención extrajudicial.
Además cuando fueron remitidos al juez se les negó a derecho a una fianza y a tener un abogado, aunado a que estuvieron incomunicados, sin tener previo contacto con sus familiares.
“Dentro de las 72 horas tienen el jugador la obligación de resolver la situación jurídica de los detenidos, ya sea dictando el auto de libertad o el auto de formal prisión, pero en estos casos la justicia federal ya violento los derechos constitucionales de los profesores, por que este proceso se ha rebasado, por la falta de pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, sin embargo son mantenidos como detenidos y en un penal de alta seguridad como si fueran narcotraficantes o secuestradores”.
Dijo que la defensa de los docenes ha pedido la ampliación del termino y un plazo de 24 horas presentaran las pruebas para que sean liberados los implicados en lo inmediato y se ha pedido al juez que lleva el caso se permita la exhibición de pruebas de defensa.
A su vez ya la defensa ha obtenido un amparo a favor de los indiciados pueden tener derecho a la libertad caucional.
La abogada anuncio que se presento un recurso de queja contra la juez de distrito Graciela Maldonado González que la juez primero de lo penal de Oaxaca que incurrió en omisiones y negligencia judicial al negar la defensa al profesor Roberto Abel Jiménez, máxime por que al frente delitos de fueron común que alcanzan fianza no debió a haber permitido su traslado al penal federal de alta seguridad del altiplano.
“tenemos certeza en que en este proceso se han inventado y prefabricados delitos lo que es un seria violación constitucional a los derechos humanos”.
Por ello informó también que se ha presentado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los delitos de desaparición forzada, y tortura.
Argumento que se fincaron delitos prefabricados contra los lideres sociales solo por solicitar una mesa de dialogo con el gobierno federal y de Oaxaca para exigir el respeto a sus derechos laborales y demandar la derogación de una de las reformas estructurales promovidas y promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
DENUNCIA TAMBIEN FPR IRREGULARIDADES POR LA DETENCION DE ACTIVISTAS
En tanto dirigentes del Frente Popular Revolucionario (FPR) anunciaron acciones legales y de movilizaciones para exigir la libertad de 8 detenidos por vandalismo electoral que ya fueron consignados por un juez federal, sin haberse presentado las pruebas de las imputaciones en su contra.
Argumentan que los detenidos del pasado 7 de junio acusados del robo de urnas y quema de papelería electoral, obtuvieron el auto de formal prisión por el delito de portación de bombas molotov por cuestiones políticas mas no jurídicas.
Por lo que adelantaron que pugnaran ante organismo internacionales de derechos humanos para que sean tomadas en cuenta por los jueces federales las pruebas que demuestran la inocencia de los activistas.
Macario Otalo líder del FPR dijo que los 8 detenidos la mayor parte de ellos indígenas fueron procesados sin poder tener un defensor de oficio bilingüe que los pudiera defender.
Recordó que por hechos reportados durante las pasadas elecciones de junio pasado, la policía estatal y federales fincaron delitos inventados a 25 activistas del FPR para que fueran procesados, cuando los verdaderos irruptores fueron porros ligados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo y para montar una cortina de humo se detuvo a gente inocente ligada con las organizaciones aliadas a la CNTE, que fueron puestos a disposición de un juez de “consigna”, que no toma en cuenta las pruebas presentadas por los indiciados para que puedan obtener su libertad.
Dijo que el mandato del gobierno federal en mantener en la cárcel a todos los luchadores sociales y por ello han generado instrumentos de intimidaciones y coacción para criminalizar la protestas social.
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