Oscar Rodríguez
El gobierno de Oaxaca rechazó el uso de la fuerza pública para resolver y desahogar el conflicto político social y agrario que priva por la disputa de la Selva de los Chimalapas y donde continúa vigente el juicio de controversia ante la corte por el respeto a los límites territoriales ante las acciones de invasión y despojo por parte de los estados de Chiapas y Veracruz.
El gobernador Gabino Cué, dijo que se está agotando la vía diálogo para lograr la libertad de los 5 ejidatarios retenidos en la zona y también se seguirá la ruta legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender la soberanía y proteger la selva de los chimalapas de despojos e invasiones.
Cué, afirmó que para atender el conflicto de invasión de tierra en Santa María Chimalapa, se sostendrá en los próximos días una mesa de alto nivel con el gobierno de Veracruz que encabeza Javier Duarte.
El gobierno de Veracruz se encuentra en la disposición de distender el problema de invasión de tierras en San Francisco La Paz, en Santa María Chimalapa, en límites con Veracruz, indicó Cué.
Este lunes, cuatro veracruzanos cumplieron 26 días de permanecer retenidos por indígenas zoques que los acusan de invadir su territorio.
«Pronto se tendrá una mesa de alto nivel para generar las condiciones para distender la situación y que esas invasiones a territorio oaxaqueño no se repitan», aseveró.
En tanto el Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo, indicó que por la retención de los ejidatarios veracruzanos en la zona en conflicto, se esperan las denuncias correspondientes de parte de los afectados.
Evidenciando por el acción de retención se tipifica el delito privación ilegal de la libertad.
En tanto el Secretario General de Gobierno Carlos Santiago Carrasco, afirmó para hacer un diagnóstico del daño causado por las tales ilegales y las invasiones generadas por ejidatarios de Chiapas y Veracruz en la selva de los Chimalapas se realizo una diligencia por parte de las procuradurías Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y General de la República (PGR), en los lugares conocidos como El Zapote o Emmanuel y La Reforma, en atención a las quejas expuestas por los comuneros zoques.
El operativo es resguardado por uno 50 elementos de las corporaciones de seguridad que se quedan en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y su patrimonio.
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