Detienen al segundo al mando de la sección 22 de la CNTE

 

 

Oscar Rodríguez

 

Policías estatales y federales detuvieron a Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de Organización y segundo al mando de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en cumplimiento de una orden de aprensión librada por un juez federal.

Villalobos Ricardez fue detenido cerca de un puente federal cuando salía de una reunión con delegados regionales en el municipio de Salina Cruz, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.

Luego de ser sometido fue subido a un vehículo custodiado por federales que lo trasladó al aeropuerto militar de Ciudad Ixtepec, donde fue subido a un avión de la policía federal que lo llevó a la Ciudad de México.

El secretario de Organización de la CNTE pertenecía a una de las alas radicales de la disidencia y encabezaba uno de los grupos internos de mayor presión, conocido como «Los pozoleros».

Luego de su detención, maestros de la sección 22 convocaron a realizar protestas en la ciudad de Oaxaca para exigir su liberación inmediata.

Un grupo de maestros realizó bloqueos carreteros y provocó disturbios en la subdelegación regional de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona del Istmo.

También en la Ciudad de Oaxaca se reportaron bloqueos y toma de calles y avenidas estratégicas por parte de seguidores y activistas.

El ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, considero como temeraria la apuesta del gobierno federal “descabezar” a la sección 22 de Oaxaca, advirtiendo que lejos de debilitarse el movimiento, podría radicalizarse y ganar más fuerza social.

El 27 de mayo pasado la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de Rubén Núñez Ginez, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y contra Francisco Villalobos Ricárdez, secretario general del gremio; cuyos nombres aparecen en la lista de 25 mandatos judiciales pendientes por ejecutar en contra de integrantes del magisterio disidente de Oaxaca.

A estos dirigentes se les identifica como presuntos responsables de planear y ordenar la realización de movilizaciones, que derivaron en la comisión de delitos como robos, daños a propiedad ajena y contra la riqueza nacional.