Primera parte.
Hiram MORENO
En el oficio 258/2017 de la presidencia municipal, de fecha 6 de abril del presente año, el presidente municipal, Rodolfo León Aragón, hace del conocimiento del licenciado Salím Arturo Orcí Magaña, auditor especial del gasto federalizado, de la auditoria superior de la federación, (ASF) de la existencia de dos denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y de una más realizada ante el agente del ministerio público de la mesa especializada en materia de combate a la corrupción, en contra integrantes del anterior cabildo municipal, notarios y particulares por delitos que van desde el robo, hasta delincuencia organizada.
Las denuncias fueron presentadas en el legajo 0000593/2017 en contra de los ciudadanos Rosa Nidia Villalobos González (ex presidenta municipal), Karina Márquez Garrido (ex síndico de gobernación y reglamentos), Rodolfo García Pérez (ex indico de procuración y hacendario), Patricia Guadalupe López Mendicuti (ex regidora de hacienda), Jorge Antonio Orozco López (ex tesorero municipal), Jorge Octavio López Pérez (ex director de recursos humanos), Raúl Gil Sibaja López (ex secretario municipal), Antonio Díaz Córdova (ex oficial mayor), Jorge Winckler Yessin, Emanuel Roberto Toledo Medina, Jorge Antonio López Mier, Adán Pasten Sibaja (en su carácter de representante legal de operadora de servicios GACFA SA de CV), Ricardo Ramírez López (en su carácter de representante legal de plan de desarrollo siete SA de CV), Víctor Manuel López Sosa y quienes resulten responsables de delitos que tienen que ver con la compra fraudulenta de un terreno y donde se expidieron títulos de propiedad apócrifos y donde se utilizaron tres millones 150 mil pesos de recursos públicos.
La compra del terreno para edificar viviendas se inició el primero de diciembre del año 2014 con la anuencia de autoridades municipales y se dividieron las operaciones de compra venta hacia particulares del puerto de Salina Cruz entre los notarios mencionados.
El terreno, fue pagado en tres millones 150 mil pesos de recursos públicos de la cuenta número 0471858234 de Banorte a nombre del municipio de Salina Cruz, según cheque numero 4 por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos), así como el cheque número 5 por la cantidad de $1,500,000.00 (un millón y medio de pesos), el cheque número 6 por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos), como se hace constar en las copias de las pólizas números 03078 de fecha 30 de noviembre del 2016, póliza 03630 de fecha 31 de diciembre del 2016 y póliza 03632 de fecha 31de diciembre del 2016.
Esta operación, se denuncia en el legajo, no fue dada a conocer al SAT por parte de los notarios públicos involucrados tal como lo indica la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo anterior, toda vez que la operación mercantil fue productor del mal proceder y ética, pero sobre todo el profesionalismo de conducirse en la profesión de notarios públicos.
En la denuncia presentada el pasado 23 de marzo se hace mención que el terreno se encuentra dentro del núcleo ejidal de Boca Del Rio por lo que no puede ser propiedad privada, ya que los terrenos ejidales son inajenables, inembargables e imprescriptibles, tal y como lo acredita con la copia simple del título de propiedad número 000001000096 a favor de López Sosa Víctor Manuel, dicha acción fraudulenta fue ejecutada con todo el dolo, ocasionando una afectación mediante engaños hacia los habitantes de nuestro municipio de Salina Cruz, Oaxaca en virtud de que hasta la fecha ese beneficio no ha sido otorgado.
Al estar involucrados los recursos públicos del municipio de Salina Cruz designados al programa denominado de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) de la secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU), en que se beneficia a personas de escasos recursos de partidas presupuestales de la federación, “tal y como lo acreditamos con los anexos”, establecen integrantes del actual cabildo como son Raúl Beristaín Espinoza, sindico de gobernación y reglamentos, Javier Martínez López, regidor de hacienda y Miriam Terrón Zarate, regidora de desarrollo social.
También firmaron esta demanda los concejales Mariano Vicente Martínez, Jorge Quintanar Cruz, Francisco Jacinto Garrido y Teresa De Jesús Ortegón Leyva, responsables de las regidurías de ecología, salud, turismo y de agencias, barrios y colonias respectivamente.
Ante esta situación se desprende que al planear dicho fraude al municipio de Salina Cruz, “existió dolo y alevosía de su parte, implica que con su actuar, todos y cada uno de los hoy denunciados tuvieron la intensión y el pleno conocimiento de llevar a cabo con su conducta, acciones que atentaran contra el patrimonio del municipio de Salina Cruz al apoderarse de un recurso de forma fraudulenta” de su parte y tratando de dejarle la carga del problema a esta administración.
Rosa Nidia Villalobos González, ex presidenta municipal, llevo a cabo conductas desleales constitucionalmente dentro de sus facultades y atribuciones de su cargo de presidenta municipal, “presumimos en contubernio de los demás ex servidores públicos mencionados y teniendo también “una notable participación en el hecho que hoy ponemos en conocimiento de la representación social federal, los ciudadanos Antonio Díaz Córdova, Adán Pasten Sibaja, Ricardo Ramírez López y Víctor Manuel López Sosa”.
“Fueron personas que orquestaron y llevaron a cabo el fraude en confabulación con la ciudadana Rosa Nidia Villalobos González, ex presidenta municipal, quien es la autora intelectual de los hechos narrados en líneas anteriores, tal como lo acreditamos con los anexos”, establece el documento firmado por los regidores.
Las acusaciones son por los delitos de delincuencia organizada, por hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de facultades y atribuciones, peculado, fraude y demás que se configuren en contra de las personas ya mencionadas al inició del presente escrito.
En otra de las denuncias presentadas ante la PGR el pasado seis de abril en contra de los ex funcionarios del gobierno anterior (2014-2016) se les acusa de los delitos de asociación delictuosa, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, robo y abuso de confianza.
Continuará.
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