Oscar Rodríguez
Un grupo de pobladores de la agencia municipal de “El Morro”, perteneciente al municipio de San Francisco Ixhuatán, mantienen retenido en la cárcel del pueblo al presidente municipal Cesar Augusto Matus al que acusan de cometer actos de corrupción.
El alcalde es señalado de no comprobar recursos de participaciones municipales de los ejercicios del 2017 y 2018 por más 3 millones de pesos.
Los pobladores han retenido sus vehículos personales y piden la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSF) para que se practique una auditoria. 
Mientras tanto una misión de funcionarios públicos se ha trasladado a la localidad para intervenir y lograr la liberación del involucrado sin embargo los pobladores advierten que solo lo entregaran ante un ministerio público.
En tanto su esposa la presidenta del Sistema DIF Municipal de Ixhuatán, Reyna Isabel Reyes Luna, le solicitó al Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos, intervenga para lograr la liberación de su esposo, que según advierte ha recibido un trato inhumano de parte de los pobladores de la comunidad de “El Morro”.
Según la queja la agencia municipal de “El Morro” exigen recursos para construir un tanque de agua y un pozo profundo, fondos que se gestionaron ante el gobierno federal que nunca le fueron adjudicados al ayuntamiento, por lo que no hay delito que perseguir, por que no hay desvió de fondos, precisa.
Ademas el terreno donde se quiere realizar el proyecto, no es comunal es una propiedad privada y no hay permisos para trabajar en los terrenos.
Según se dio a conocer el propio presidente municipal fue a notificar de la situación al agente municipal de El Morro Fidel Fuentes Toledo, pero fue retenido, porque el Comisariado Ejidal Óscar Cruz exige que se le entregue los fondos destinados para la obra.
El edil fue privado de su libertad en un pequeña cárcel en la población. El delegado de gobierno Emanuel Robledo acudió a la comunidad junto con representantes de la Secretaría General de Gobierno y logró que el alcalde César Augusto Mátus fuera llevado a las instalaciones de la agencia municipal.
El delegado de gobierno le comunicó a los habitantes que un técnico estaría iniciando los trabajos de verificación de las tuberías, pero los inconformes indicaron que ya tenían a una empresa que ejecutará la obra y solicitaban al gobierno entregarles el millón de pesos, lo que costarían los trabajos.
El presidente municipal y el delegado de gobierno les comunicaron que se tendría que verificar si la empresa estaba autorizada por el gobierno del estado, por lo que los habitantes ha roto la mesa del diálogo y se niegan a permitir la salida del pueblo del munícipe, que fue regresado a su celda por el grupo inconforme
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