Oscar Rodríguez
La contraloría del gobierno de Alejandro Murat, reportó que ha inhabilitado a 51 funcionarios y ex funcionarios por uso indebido de los recursos, la mayoría de estos ex servidores públicos del ex gobernador Gabino Cué.
Entre los inhabilitados menciono al ex secretario de Turismo José Zorrilla que también fue multado a fin de que pueda resarcir los 170 millones de pesos que no comprobó y que según ejecuto en la construcción del estacionamiento del Cerro del Fortín, donde se encuentra el auditorio Guelaguetza.
Otro sancionado y procesado es el ex secretario de Salud Germán Tenorio, que desvió mas de 3 mil 500 millones de pesos y llevo a la quiebra al sector sanitario y hospitalario estatal.
El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), José Ángel Díaz Navarro, afirmó también se ha sancionado económicamente a 111 funcionarios, por un monto superior a los 239 millones de pesos, de los cuales 47 son de la actual administración y el resto de la administración pasada que fue encabezada por Gabino Cué, entre ellos los ex secretarios de Finanzas Gerardo Cajiga, y Enrique Arnaud Viñas, y el ex Secretario de Vialidad y Transporte (Sevitra, ahora Semovi), Carlos Moreno Alcántara.
Destacó que de los funcionarios sancionados de esta administración, muchos venían laborando desde de una o cuatro administraciones pasadas, y hay situaciones en irregulares que se detectaron por haberse cometido en el pasado, entre ellas que estaban cobrando en dos dependencias al mismo tiempo, dados de alta en sólo una de ellas.
Mencionó que en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, muchos trabajaban en esa dependencia sin haber cubierto los requisitos para eso, y eso también fue sancionado.
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de la Legislatura local, Díaz Navarro meditó que, si bien la corrupción provoca rechazo, lo que más lastima a la población es la impunidad de quienes la cometen.
Expuso que la corrupción es un tema que está más presente entre la sociedad de ahí que se deben generar mecanismos y sanciones que sirvan de ejemplo a la sociedad y funcionarios de que esto no puede seguir así.
Detalló que se radicaron durante el año 2017, 805 expedientes de investigación de quejas, denuncias y peticiones contra servidoras y servidores públicos; además, se radicaron mil 106 expedientes de investigación, de los cuales se han concluido 635.
En materia de responsabilidad dio a conocer que se han tramitado un total de mil 585 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se han resuelto mil 135, “como resultado de los expedientes resueltos, se han inscrito un total de 945 sanciones a funcionarios públicos, lo que representa un 88% de eficacia en la resolución de expedientes iniciados al haber culminado con sanción respectiva”.
Abundó que en lo que corresponde a las declaraciones patrimoniales, Díaz Navarro indicó que se ha realizado la verificación de 3 mil 919 declaraciones presentadas durante 2018, de las cuales se turnaron a procedimiento de responsabilidad administrativa 321 casos por incumplimiento de forma oportuna con dicha obligación.
Asimismo, se radicaron 310 expedientes de evolución patrimonial con el objetivo de verificar la congruencia en el contenido de las declaraciones patrimoniales de las o los servidores públicos. De igual manera se coadyuvó en la integración de 27 procedimientos de evolución patrimonial solicitados por la Secretaría de la Función Pública.
El funcionario señaló que la contraloría realizó la revisión de contrataciones de los órganos públicos y, en su caso, de los municipios; se vigiló que estos procesos se realizaran de acuerdo a la ley.
De los 913 procedimientos revisados de contrataciones públicas, 888 fueron mediante licitaciones públicas, lo que representa el 98% del monto total contratado.
Señaló que, en materia de auditorías, esta instancia realizó 61 procedimientos a recursos estatales y federales por más de 8 mil 328 millones de pesos. Al 30 de noviembre, se han concluido 15 con 39 observaciones por 98 millones de pesos.
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