El anuncio realizado por el gobernador Gabino Cué, la semana pasada: “Para aplicar la ley hay que tener un estado de fuerza y Oaxaca no lo tiene” al referirse a la Sección 22. Y el sorpresivo anuncio realizado hoy, sobre la desaparición del IEEPO y la creación de una nueva dependencia, anticipa una nueva ola de represión y criminalización en Oaxaca, ahora dirigida contra el magisterio oaxaqueño.
Este golpe se ha venido preparando al menos desde inicios de junio, cuando se desplegó un fuerte dispositivo para “resguardar las elecciones” integrado por elementos del Ejército, la Policia Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal. Desde entonces en la Ciudad de Oaxaca, la Gendarmería ha ocupado varios hoteles de la ciudad, provocando algunos incidentes y abusos de autoridad hacia la ciudadanía, realizando funciones que no le competen, como guiar el tránsito de la ciudad.
Hoy la PF ha desplegado un dispositivo para resguardar las instalaciones del IEEPO, después del anuncio del Ejecutivo. La PF, según datos proporcionados a la prensa cuenta aproximadamente con 3500 elementos destacamentados en el Estado. Por su parte, la policía estatal ha tomado instalaciones de la Fiscalia Especial para Asuntos Magisteriales (FEPAM) y de la Fiscalía de Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS), que ocupa el mismo edificio.
Nos preocupa la utilización de la Policía Federal y las fuerzas armadas contra el magisterio oaxaqueño y la ciudadania en general. En este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de seguridad, al contrario es sinónimo de represión y criminalización de la protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en 2006, varios de ellos investigados actualmente en la FIDTS.
Estos actos represivos muestran la cara autoritaria del gobierno federal y el sometimiento del gobierno local. La ola de represión contra los movimientos sociales y de organización ciudadana no pueden continuar ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que significan y cuyas consecuencias claramente se pueden mirar en hechos como los ocurridos en Ostula, Iguala y otros puntos del país.
Por ello, demandamos la salida inmediata de la Policia Federal y la Gendarmería de Oaxaca.
Responsabilizamos al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de los hechos que se desencadenen a raíz del proceso de militarización que vive Oaxaca.
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