Oscar Rodríguez
El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca desechará la solicitud de juicio político en contra del magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a pesar de que es señalado de actos ilegales y abuso de autoridad.
Con el argumento de que no hay motivo para iniciarle este procedimiento y que las pruebas presentadas son insuficientes, entre otros argumentos absurdos, los diputados dejarán sin castigo al servidor público.
El Poder Judicial de Oaxaca, que en una excesiva publicidad presume una “renovada y nueva visión” dentro de la institución, también se deslindó del tema y acudió al Congreso en busca de que esta instancia fuera la que aplicara la sanción.
Diputados locales del Congreso de Oaxaca indicaron que el propio titular del Poder Judicial, Alfredo Lagunas Rivera, en previo acuerdo con Pedro Zamora cabildeó con los legisladores para dejar impune a Zamora, quien presuntamente es compadre del ex gobernador priista Ulises Ruiz.
Lagunas Rivera negoció apoyar a Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez, asesor de la coordinadora de la fracción del PAN, quien se encuentra como “aviador” en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) con tres claves como docente de secundaria, y al que ofreció proteger negando cualquier orden de aprehensión.
El magistrado Zamora, es señalado por incurrir en presunto tráfico de influencias, actos ilegales y abuso de autoridad; el más reciente derivado de un incidente de tránsito ya que se negó a pagar una multa de 900 pesos que le aplicaron elementos de la policía vial por cometer una infracción con un vehículo registrado en el TCA y para el que recibe vales de gasolina.
El magistrado presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso, usando el nombre de su cuñada Olga Mora Villar, caso que llevó a su propia Sala desde donde manejó el asunto a su favor y otorgó la nulidad de la multa.
Al detectar la irregularidad, integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura se deslindaron del tema y solicitaron la intervención de la Cámara de Diputados, donde pasarán por alto la conducta del servidor público judicial en el dictamen que ya se encuentra elaborado y se pondrá consideración del pleno en la próxima sesión.
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