Oscar Rodríguez
Las fuerzas federales y estatales ingresaron al interior del Penal de Mediana Seguridad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se reportó un altercado y motín de reos.
El titular de la Subsecretaria de Readaptación y Reinserción Social dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSP), Baldemar Pérez Canseco dijo que las fuerzas del orden tuvieron que ingresar al penal para controlar a un grupo de 55 reos que se amotinó en el penal y retuvo a 7 custodios, a los cuales acusan de maltrato.
El mando afirmó que la situación logro ser puesta bajo control cuando se logro someter al orden a los internos que transgredieron las reglas del penal y que retuvieron por unos minutos a seis custodios, quienes se reincorporaron a sus actividades luego de que las fuerzas del orden retomaran el control del módulo de confinamiento, sin que se registraran lesionados ni actos de violencia.
Detallo que directivos del centro penitenciario dialogaron en todo momento con los inconformes, en pleno respeto a los derechos humanos, por lo que el incidente no pasó a mayores.
Sin embargo el Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert Calvo, dijo que sigue vigente la recomendación para iniciar un procedimiento de responsabilidad penal contra Baldemar Pérez Canseco, subsecretario de Prevención y Readaptación Social en la Secretaria de Seguridad Pública Estatal por corrupción, hacinamiento, mala atención médica y alimentación dentro de los penales regionales.
El ombudsman estatal, Arturo Peimbert Calvo, dijo que son constante las quejas y denuncias que se han corroborado por el mal trato a los internos.
Entre las quejas, dijo, hay señalamientos por tortura, hacinamiento, mala atención médica, nula entrega de alimentos, hacinamiento y violaciones diversas a los derechos humanos de los reclusos.
«Hay una tortura permanente como re sanción de forma punitiva contra algunos presos por parte del personal carcelario que incurren en graves omisiones, abusos y delitos que deben ser castigados».
Peimbert Calvo aseguró que las denuncias reflejan que no hay un ánimo por mejorar la vida y las conductas de los internos, sino al contrario pareciera ser que se trata de agravar sus condiciones de manera perniciosa o violatoria a los derechos humanos.
Entre los casos más graves colocó el de un interno que fue abandonado a su suerte en la enfermería de la penitenciaria de la Villa de Etla luego de ser presuntamente torturado por un celador.
También hay denuncias por la operación de una celda de castigo, y por excesos en las revisiones en el área de visitas, hay denuncias por el tocamiento sexual contra esposa de reclusos y violaciones.
Además se permite la operación de auto gobiernos, el tráfico de drogas, el ingreso de botellas de alcohol y prostitutas algunas cárceles locales.
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