*Los pasillos y calles invadidas de ambulantes no solo impedirían la pronta evacuación del mercado, además, sería un problema en caso de una eventualidad para los cuerpos de socorro o bomberos.
Hiram MORENO
Locatarios del mercado Ignacio Zaragoza del puerto de Salina Cruz, acusan a la presidenta municipal de extracción priista, Rosa Nidia Villalobos González, de no atender los avisos de comerciantes de ese centro de abastos que alertaron desde el 2014 de daños estructurales en el edificio del mercado, así como el reblandecimiento del piso por fugas del drenaje, sin que tengan respuesta a más de dos años de distancia, por lo que podrían tomar el palacio municipal en los próximos días.
Wilebaldo Morales Rojas, representante de los locatarios de la nave principal, acompañado de los representantes del mercado quemado, de los queseros, de la lagunilla, tortilleros, fondas de comida y de los recolectores de basura, Roberto Sosa Zarate, Ilda Canseco Gutiérrez, Julián Ley Lezama, Angélica Zarate Escudero, Magda Astorga y Roberto Cisneros Mendoza, respectivamente, denunciaron la falta de dialogo a pesar de que han solicitado audiencia por escrito y lo más delicado, la falta de atención al peligro que representa el mercado para comerciantes y público en general.
Otro riesgo para todos los que acuden a comprar y vender, es la obstrucción de pasillos y entradas al mercado y sus alrededores, invadido de ambulantes, la falta de vigilancia ante los constantes robos a puestos, la falta de personal de limpieza que permite la acumulación de basura, el mal estado de tres tableros eléctricos que la autoridad se ha negado a reparar.
Todo esto a pesar de que desde el inicio de su gobierno, la presidenta dijo se encargaría de ello destinando una cuota diaria de mil doscientos pesos de los cobros por el servicio de sanitarios del mercado, que por negociaciones políticas entregó en comodato al sindicato del ayuntamiento. Desde hace más de un año
Se ha solicitado audiencia en repetidas ocasiones y la autoridad municipal ha ignorado todo, se burla de los locatarios, se burla de todo el pueblo y no estamos dispuestos a tolerar más a una autoridad indolente, irresponsable y desinteresada por atender una problemática que podría derivar en un accidente con graves consecuencias por la cantidad de gente que ahí concurre todos los días, explicó el representante de una parte de los comerciantes del mercado principal.
Por eso hemos decidido hacer un nuevo intento y en caso de seguir siendo ignorados, vamos a tener que tomar el palacio municipal para que nos escuche y no atienda la presidenta municipal Rosa Nidia Villalobos, que sabe de este problema desde el 2014, cuando el director de protección civil, Carlos Benjamín García Pacheco dictaminó que la construcción del mercado es obsoleta y representa un riesgo para los locatarios y para quienes acuden a comprar sus alimentos cada día.
Las calles invadidas de ambulantes no solo impedirían la pronta evacuación del mercado que en sus alrededores los carriles se reducen a uno solo por la cantidad de vendedores sobre la cinta asfáltica, que además, sería un problema en caso de una eventualidad para los cuerpos de socorro o bomberos, establece el dictamen de protección civil municipal de fecha 8 de diciembre del 2014.
La instalación eléctrica del mercado se encuentra en malas condiciones, desde las acometidas, los tableros de distribución, hasta la mayoría de las instalaciones que se encuentran en los puestos, lo cual puede causar desde corto circuitos, hasta electrocuciones, sobre todo en temporada de lluvias. El dictamen establece que esto agrava la posibilidad de incendio dentro del inmueble y sus alrededores y el área de tableros en algunos casos son ocupados de bodega.
La zona de la lagunilla, como se le conoce a una parte del mercado, surgió de la necesidad de albergar temporalmente a los comerciantes de la parte quemada, durante su rehabilitación y se quedaron fijos, no cuentan con un diseño apropiado y tuvo un crecimiento sin control, lo que ha generado que prácticamente ya no tengan pasillos, ni accesos libres y se manejan muchos materiales combustibles como telas, papel, cartón y plásticos entre otros.
El mercado que ocupa una extensión de cinco mil 490 metros cuadrados, tiene una antigüedad de más de cuarenta años y en general tiene un número aproximado de mil doscientos comerciantes fijos, semifijos y ambulantes.
El crecimiento de las actividades comerciales del mercado se fue extendiendo hacia las calles y banquetas entorno al mismo mercado en donde el crecimiento se desarrolló con el consentimiento de diversas autoridades, todos estos, líderes de los locatarios y comerciantes, anteponiendo sus propios intereses y de sus grupos.
En la actualidad se padecen las consecuencias que como resultado de esta situación el riesgo se ha incrementado a niveles críticos, los cuales podríamos establecer que el riesgo de operación en el mercado es grave y que requiere de atención inmediata.
El dictamen de fecha 8 de diciembre del 2014 que se consigna en el oficio CBGP/207/2014, firmado por Carlos Benjamín García Pacheco, director de protección civil y del cuerpo de bomberos municipales, en conclusión establece que derivado de las condiciones actuales del mercado Ignacio Zaragoza y de sus alrededores, NO ES SEGURO mantener su operación debido a que sus instalaciones son INOPERANTES E INSEGURAS.
Esto, establece el escrito de referencia, tanto para sus ocupantes como para quienes acuden a esta instalación y frecuentan sus alrededores, y que en consideración, de que es una necesidad seguir contando con este servicio, se requiere poner en práctica acciones que vayan enfocadas a reducir y controlar los riesgos, en tanto se reubica en una zona más apropiada.
A más de un año de haberse emitido este dictamen, la presidenta Rosa Nidia Villalobos, se sigue negando a reunirse con los locatarios y comerciantes y más aún, a atender esta situación que en caso de una emergencia podría tener graves consecuencias para los vendedores y para quienes todos los días acuden a comprar sus alimentos en ese lugar, que según el dictamen del director de protección civil, es una bomba de tiempo por “inoperante e insegura, con un riesgo de operación grave que requiere de atención inmediata”.
En lugar de atender esta situación, la presidenta a través de sus operadores políticos, que de poco le sirven y mucho daño le han hecho a su administración, intenta dividir a los locatarios ofreciéndoles tramitar créditos en algunos casos y en otros, ofreciendo dinero para mejorar su locales, lo cual ya fue puesto al descubierto por los locatarios que fueron invitados a varias reuniones en instalaciones de la biblioteca, la presidencia y en reuniones privadas de la localidad.
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