Mesa Redonda en la APO:
* Unidad Especializada tendría que estar dotada de infraestructura suficiente.
En la discusión sobre las leyes y mecanismos relacionados con la protección a periodistas debemos estar los periodistas, porque ese asunto no sólo es de burócratas, políticos, servidores públicos o de legisladores, afirmó Adrián Ortiz Romero Cuevas, periodista y catedrático de Derecho.
Resaltó que el clima de impunidad es el que ha inducido a particulares y a los propios agentes del Estado a cometer delitos en contra de comunicadores. Señaló que en las instancias de procuración de justicia estatales y federales, hay docenas de averiguaciones previas y carpetas de investigación que siguen durmiendo el sueño de la impunidad.
Romero Cuevas, fue uno de los ponentes en la mesa redonda “Oaxaca, leyes e instituciones para periodistas”, que se llevó este viernes en la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO), organizada por la misma agrupación.
En torno a la propuesta de Ley de Protección a Periodistas para Oaxaca del diputado Horacio Antonio, consideró que las normas de protección a periodistas, en gran medida significan una especie de “re legislación”, abúlica e innecesaria, a partir de la cual pretenden normar lo que ya está regulado. ¿Sirve de algo establecer lo que ya está en la ley?
¿Caeremos entonces en la tentadora vaguedad de re legislar esto “para que ahora sí se cumpla”, como lo criticaba el doctor Jorge Carpizo? Además, hay el intento desafortunado, temerario y hasta contraproducente, de normar principios éticos y deontológicos, y crear un Fondo de Protección a Periodistas con un impacto problemático para el gremio.
“Considero —dijo— que somos un grupo que enfrenta riesgos… pero ello no debe llevarnos a la confusión de asumirnos como un grupo vulnerable. No lo somos. Ni tenemos por qué considerarnos así, ni permitir que bajo ninguna circunstancia se nos intente tratar como tal”.
Rechazo también la idea del Fondo “porque es fácil vaticinar el impacto problemático que esto tendrá para nuestro gremio, por el manejo del mismo, los estados financieros, las decisiones que se tomen para la disposición de dichos recursos, etcétera.”
Por su parte, Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, afirmó que esta dependencia da seguimiento a 35 medidas cautelares a favor de periodistas, pero estas son de carácter temporal.
Asimismo, reconoció que “hay retos o pendientes”, como la falta de una ley local que fortalezca el ejercicio de la libertad de expresión y reconoció que si se pretende crear un ente Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, ésta deberá ser especializada, para que cuente con todos los elementos que resuelvan los casos.
Mientras, Israel Ochoa Lara, abogado y defensor de derechos humanos, sostuvo que crear instancias especiales degenera el sistema de impartición de justicia y podría crear hasta discriminación en un sector de la sociedad, porque la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos para todos.
“Crear un ente especial para atender cada caso, lo convertiría en una oficina de burócratas, si no resuelve nada, y sólo apaciguaría los ánimos”, apuntó el también catedrático de Derecho.
Dijo que la creación de una Fiscalía especial para atender los casos de agresiones a comunicadores, debería de contemplar no sólo oficinas, sino su viabilidad, tener personal capacitado, peritos de todo tipo, médicos legistas, recursos propios, ser en cierta forma independiente y tener temporalidad.
“De llegarse a crear, debe investigar casos específicos y del pasado, porque la percepción es que la Fiscalía General del Estado y la propia Procuraduría General de la República no han dado resultados en la investigación esclarecimiento y castigo a responsables de crímenes y agresiones cometidos en contra de comunicadores”, puntualizó.
En el último punto, Cuauhtémoc Blas leyó lo enviado por los socios de la APO de las regiones: Fernando Palacios de Huautla afirmó que hay complicidad entre políticos de todos los partidos, funcionarios de justicia y policías cuando se agravia a un periodista; Hiram Moreno del Istmo y Hugo Ortega de Huatulco coincidieron en que no es menos grave la agresión cuando a cambio de convenios de publicidad, con dinero público, se les quiere censurar.
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