Oscar Rodríguez / Oaxaca
El Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que el presidente municipal de Jalapa de Díaz, Arturo García detenido junto con sus dos mandos de la policía, señalado del delito de desaparición forzada, y portación y acopio ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército no saldrá bajo libertad caucional, ni podrá pagar fianza., por que enfrenta un delito de orden federal.
Rechazo que detrás de la detención del presidente municipal, haya un montaje, o se hayan sembrado evidencias, ni tampoco hay connotaciones de índole político como lo han denunciado algunos diputados locales de Morena.
En entrevista, dijo que el implicado por los delitos que se le imputan fue remitido ante un fiscal de control del orden federal dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), precisando que en la indagatoria se presentaron los elementos y las pruebas y se establece que por los señalamientos que hay el implicado no alcanza fianza y se mantendrá en prisión preventiva oficiosa a disposición de los jueces federales, hasta que se resuelva su situación legal.
“En el caso de Jalapa de Díaz es muy importante aclarar, la fiscalía dentro de un plan estratégico que tenemos para la zona, -como se ha hecho en Huautepec, el Huautla en Ayautla, – y ahora en este municipio Jalapa de Díaz se ejecutaron 6 órdenes de cateo para lograr la captura de 11 persona, que nosotros tenemos ubicadas como parte de un grupo criminal que funciona en la zona y que había efectuado la desaparición, o ultima desapariciones reportada en los últimos meses.
Al mismo tiempo conseguimos una orden de cateo para entrar al domicilio del presidente municipal por en ese lugar teníamos noticias de movimientos de objeto ilícitos.
Ejecutamos las 6 órdenes de aprehensión, 5 de ellas para lograr la captura de estas zonas personas que tenemos imputadas por desaparición y otra orden de cateo para verificar si había en ese domicilio del presidente municipal algún delito que se estaba cometiendo.
De las 11 personas que tenemos imputadas por desaparición, logramos la captura de 7 y como ustedes saben también en la casa del presidente encontramos objetos ilícitos-
¿Cuáles?..
Armas de uso exclusivo del ejército, con respecto a las personas detenidos, puede decir que son delitos locales por lo que de inmediato se pusieron a disposición del juez de control correspondiente para la realización de la audiencia.
En el caso del presidente municipal como se realizó un cateo y se encontró en flagrancia la comisión de un delito federal, se puso a disposición junto a dos de sus mandos de policía ante la Fiscalía General de la República (FGR.
Entiendo que ya se llevó a cabo la audiencia de control en el MPF y ante los jueces federales y su situación jurídica se resolverá este 31 de noviembre.
Atajo que por este este delito, que es de orden federal, el implicado, no alcanza fianza y se mantendrá en prisión preventiva oficiosa y queda bajo disposición de los jueces federales su situación legal.
SE SEMBRARON PRUEBAS
En tanto los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en la legislatura local acusaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJO) de sembrar las evidencias, y pruebas por la que fue detenido el presidente municipal de Jalapa de Díaz y mostraron un video.0 donde se observa a presuntos agentes de investigación ingresando por la noche al domicilio del implicado.
Encabezados por el diputado Ángel Domínguez, y el integrante de la organización Comuna, Flavio Sosa, los inconformes denunciaron un montaje mediático por parte de la Fiscalía, en contra del presidente municipal de Jalapa de Díaz, Arturo García ya que sembró armas en la casa del edil en un operativo montado.
Acusaron que la FGJO se ha convertido en un instrumento de persecución en contra de los adversarios políticos del PRI.
Por ello exigieron la inmediata liberación del edil y absoluto respeto al debido proceso penal.
En particular el legislador Ángel Domínguez también hablo del caso del presidente municipal de Ayozintepec, que debe ser llamado a cuentas y ser vinculado a proceso por haber disparado por la espalda en contra de un ciudadano que le exigía que rindiera cuentas y que hoy está en riesgo de vida por el disparo propinado por la autoridad municipal.
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