Encabeza AMH Mesa de Trabajo de la Junta de Coordinación Política sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales

• Junto a los gobernadores de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, Murat Hinojosa presentó una propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)
• “México necesita que los Derechos Humanos cuenten siempre para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas, ni del bien común”, señaló Murat Hinojosa

Ciudad de México

El gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República una propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con el objetivo de construir un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante de la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia.

México necesita “que los Derechos Humanos cuenten siempre para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas, ni del bien común”, afirmó Murat Hinojosa ante senadoras, senadores, representantes de la sociedad civil y los gobernadores, al tiempo de informar que el propósito de la propuesta es hacer de la ley procedimental en materia penal un cuerpo de disposiciones claras y precisas que le brinden a las fiscalías todos los elementos para que el respeto irrestricto a los derechos humanos no vuelva a entrar en conflicto con la aspiración común de erradicar la impunidad de la vida social e institucional.

Asimismo, Murat Hinojosa precisó que son cinco los ejes que guían la propuesta: 1) El fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5) la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.

Algunos de los objetivos específicos de la propuesta son rescatar la institución del Ministerio Público, redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliar el tiempo de las medidas de protección a víctimas, clarificar el control judicial para detenciones en flagrancia, precisar y desagregar los supuestos de flagrancia; concretar una enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que bajo ninguna circunstancia debe ser revisable y ampliar los supuestos de peligro de sustracción del imputado.

Igualmente se busca ampliar la procedencia de los acuerdos reparatorios, permitir el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia sin necesidad de control judicial, robustecer el criterio de oportunidad para el ministerio público, redimensionar el ingreso a domicilios en persecuciones en flagrancia y permitir la efectiva obtención de información protegida por secreto bancario, entre otros objetivos.

En esta Mesa de Trabajo estuvieron presentes los gobernadores de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Así como el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila; la presidenta del Colectivo 50 + 1, María Elena Orantes y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.