Funcionarios del Registro Civil Estado de Oaxaca ha acumulado 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos, entre ellos, el caso de los hermanos Gómez Conzatti por el robo de identidad y la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos.
Así lo dio a conocer la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al detallar que entre 2018 y hasta el primer semestre de 2021, se han documentado 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil.
Mencionó que, entre los derechos mayormente violentados, que se desprenden de las propias quejas, se encuentra el relacionado con la seguridad jurídica, legalidad, identidad, petición y pronta respuesta, así como derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
Sin embargo, el pasado 25 de mayo, los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al enfrentarse a una red de “delincuencia organizada” orquestada supuestamente desde el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para despojarlos de su identidad y de sus propiedades ubicadas en el Centro Histórico.
Y es que, desde el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca, se habría maquinado el despojo y robo de identidad de dos propiedades ubicadas en el Centro Histórico de Oaxaca, con un valor superior a los 50 millones de pesos, por lo que la queja incluye el delito por robo de identidad, despojo, amenazas, desprestigio e intimidaciones.
Señalaron como presuntos responsables al exdirector Registro Civil, Christian Hernández Fuentes (2018-2020); Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020); Juan Gabriel Rodríguez Matus, jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil, primer Oficial del Centro del Registro Civil del Distrito del Centro (2017-2019);
Segundo Oficial del Centro Registro Civil (2017-2019), y Oficial de Tlacolula del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019).
Así como Jorge Zárate, director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca; José Antonio Lara Rodríguez, jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral;
Gilberto Gamboa Escobar, director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, y José Octavio Tinajero Zenil, consejero Jurídico del Estado de Oaxaca.
Los hermanos Gómez Conzatti y Martínez sostuvieron que “no se trata de un error, fue intencional y en el cambio de identidad y despojo están involucrados funcionarios del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca”.
Y recientemente, la Defensoría inició el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021 por el caso de Santo Domingo Ixcatlán donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos.
Este hecho, advirtió la defensoría, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y, particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), así como el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue y se sancionen a los funcionarios implicados de la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
Acusaron al exdelegado federal Agrario, Francisco Javier Cañada Melecio; al jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca, Daniel Víctor Merlín Tolentino, y a los integrantes del Registro Agrario Nacional (RAN), Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral.
Recordaron que, según el acta de fecha 12 agosto del 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea de un pequeño grupo de comuneros que son seguidores de la familia Morales Arias, responsables de la masacre del 30 de abril del 2008, para separar a 1,013 comuneros del padrón de comuneros y darlos por muertos.
El acta de asamblea de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, distrito de Tlaxiaco, estado de Oaxaca del 12 de agosto del 2018, fue avalada por el oficio DRC/UJ/699/2018, firmada por Daniel Víctor Merlín Tolentino, jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca.
La defensoría pidió a las diferentes autoridades encargadas de reconocer y proteger la personalidad jurídica de las personas, actuar con responsabilidad en los actos jurídicos que les toca validar, y buscar desterrar las prácticas contrarias a ello, pues no hacerlo, además de las sanciones administrativas o penales a que diera lugar la mala praxis, se generan serios perjuicios a las personas físicas o colectivas agraviadas y en no pocos casos, profunda inestabilidad social en los territorios.
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