- Se unen todas las fuerzas políticas en la 65 Legislatura local para recuperar la dignidad del servicio público, ya que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre.
Por unanimidad, el Congreso de Oaxaca aprobó con 34 votos a favor en lo general y en lo particular, la creación de la Ley Estatal de Austeridad Republicana, con la cual se busca establecer las bases jurídicas para fundar un gobierno austero y democrático.
Esta ley conformada por 29 artículos surge a iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz, quien presentó su propuesta al Pleno de la 65 Legislatura local.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Luis Alfonso Silva Romo, destacó que con ello el Congreso de Oaxaca hace historia al aprobar una ley que impulsará la austeridad en el estado, tan necesaria en nuestra realidad para garantizar que el recurso público sea ejercido correctamente, sin malgastarlo ni con privilegios.
Esta ley tiene el objetivo de regular y normar las medidas de austeridad que deberán aplicarse en el ejercicio del gasto público estatal y contribuir a que los recursos económicos que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme a la ley.
En la iniciativa aprobada, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, argumentó que con esta ley “ningún servidor público podrá beneficiarse del cargo que ostente, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo, se termina con la asignación abusiva, unilateral y discrecional de privilegios, oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otras medidas, con la finalidad de reorientar los recursos a los distintos programas sociales diseñados para atender las necesidades de los grupos en mayor situación de abandono y vulnerabilidad”.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca. Y sus disposiciones serán aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos auxiliares y demás que integran la administración pública estatal. Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos y los municipios también deberán de tomar las acciones necesarias para cumplir la ley.
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