Crónicas de la ínsula
Cuauhtémoc Blas
En sus campañas proselitistas en busca del poder en sus respectivos estados, Puebla y Oaxaca, Moreno Valle y Gabino Cué ofrecieron juzgar a sus antecesores, castigar los escandalosos abusos, la evidente corrupción de Mario Marín y Ulises Ruiz. No por otra causa esos gobiernos aliancistas tuvieron un caudal de votos de ciudadanos hartos de tanto agravio e impunidad.
Sin embargo, pasó todo un año sin que los hoy gobernadores cumplieran sus ofrecimientos, hasta que el gobierno poblano inició a cumplir. En Oaxaca no hay para cuando, no obstante el muy alto monto de los recursos desviados y las pruebas de peculado.
El ex secretario de Salud de Puebla, José Alfredo Arango García, fue detenido el 12 de enero por el delito de enriquecimiento ilícito. El monto del que lo responsabilizan es 54 millones de pesos cuantificados en bienes inmuebles de su propiedad. Desde ese día fue recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, de la capital de Puebla.
En Oaxaca, Martín Vásquez Villanueva, ex secretario de Salud en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, tiene responsabilidades como su símil de Puebla, pero quedó protegido con fuero por el ex gobernador Ruiz quien alcanzó a hacerlo diputado local y nombrarlo Coordinador de la bancada priista, así como lograr que la mayoría de diputados aliancistas lo aceptaran como Presidente de la primera Junta de Coordinación Política del Congreso oaxaqueño actual, que sustituyó a la Presidencia de la Gran Comisión. Desde ahí Vásquez pudo negociar reformas y contrarreformas con el nuevo gobierno.
A raíz de este suceso en Puebla, surgieron de nuevo en Oaxaca demandas de sectores sociales de aplicar la justicia a Ulises Ruiz y ex funcionarios. Todos se pasean impunemente por la entidad, desde el ex gobernador que no hace mucho fue prácticamente absuelto por Gabino Cué quien declaró que éste no tiene responsabilidad jurídica a qué responder. Lo anterior cayó como balde de agua fría en la población y dio certidumbre a la versión de que sostienen un pacto que da impunidad al primero.
Esa versión encuentra asideros en múltiples acciones de éste que es prácticamente el primer gobierno oaxaqueño priista que no llegó al poder con las siglas del PRI, repleto de priistas y ex priistas, incluso en las primeras posiciones, por ejemplo: en el gabinete aliancista (PAN-PRD-PT-Convergencia) destaca José Antonio Estefan Garfias, primero Coordinador de Proyectos Estratégicos y hoy titular de Transporte. En la contienda de 2010 Estefan Garfias fue precandidato a gobernador por el PRI del grupo de pre candidatos “destapados” por Ulises Ruiz quien los llamó “aspirinas”.
También notoria fue la ratificación en el cargo de Secretario de Cultura de Ulises Ruiz, Andrés Webster Henestrosa, sin tomar en cuenta que en la legislatura local saliente (LX) los diputados de oposición, entonces en minoría, acusaran a Webster de mal uso del erario, al no comprobar 60 millones de pesos y 15 millones más que le entregó el gobierno federal para las fiestas del Bicentenario en 2010, acusaron. Estos por citar sólo a los priistas más encumbrado en el actual gobierno. También están Netzahualcoyotl Salvatierra, Benjamín Rojas Bolaños, y más gente así.
Sería muy largo el recuento de la corrupción de sexenio anterior en Oaxaca, una prueba insoslayable está en el inmueble número 5268 del Periférico Sur, en la delegación Coyoacán, D.F., donde se encuentra el hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente” con tecnología médica de punta, propiedad de la familia Ruiz Ortiz. Precisamente hasta allí llegaron hace unas semanas medio centenar de oaxaqueños a protestar por la impunidad del ex gobernador de Oaxaca. Aunque circula la versión que fue José Murat quien los movió al DF.
En octubre del año pasado se detectó que un costoso equipo médico con tecnología de punta destinado a curar ciertos tipos de cáncer (acelerador lineal), valuado en 118 millones 860 mil pesos, no se encontraba en ninguna de las instalaciones de la institución desde 2008 cuando se adquirió. Empero, la empresa Corphomed S.A. de C.V., sostuvo haberlo entregado entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de 2008, según consta en el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011.
Desde las primeras auditorías de los años 2005-2006 no han cesado de aparecer millonarias faltantes al erario de Oaxaca. La contraloría delo estado informó el año pasado de un faltante 3 mil 687 millones de pesos. En esa información se ve con claridad los rubros donde más faltantes hay del sexenio pasado, lo que encabeza el Seguro Popular con mil 297 millones de pesos, más de la tercera parte del total faltante. (ver número reciente de la Revista En Marcha o http://www.revistaenmarcha.com.mx/analisis/925.html).
Le sigue Caminos y Aeropistas de Oaxaca con 721 millones sin comprobar, su ex titular Armando González Bernabé sí está sujeto a un procedimiento penal y acaba de ser inhabilitado por 20 años para ejercer cargo público, junto con otros 8 ex funcionarios ulisistas. Eso es lo más que el actual gobierno ha hecho contra quienes saquearon sin piedad al estado.
Es vasto el daño al erario de Oaxaca, las construcciones sobrevaluadas en decenas de millones como las ciudades administrativa y judicial, que además se siguen pagando a un particular presumiblemente prestanombres o socio de ex funcionarios por el mantenimiento de edificios públicos. Así como pago de obras no realizadas o la firma de contratos que obligan a la administración a pagar sobreprecios.
Solo en la ciudad administrativa el quebranto es mayúsculo. El Gobierno firmó un contrato con un particular para construir con financiamiento privado la Ciudad Administrativa y su administración durante 15 años, a cambio la parte gubernamental pagará una suma total de más de mil 300 millones de pesos. Finalmente la obra costó 500 millones más, mil 800 millones de pesos, a pagar en 15 años a partir de entregada la obra.
Las cuentas pendientes son en todos los frentes, en el conflicto de 2006 el retroceso de Oaxaca fue espectacular, casi seis meses la ciudad de Oaxaca paralizada y varios municipios del interior. Impunes están más de 40 crímenes vinculados a asuntos políticos a líderes y dirigentes regionales.
En el Papaloapan César Toimil Robert fue acribillado junto con sus acompañantes Melquíades Rosas Reyes, Mauro Díaz González, Paulino Ortega Fernández y Adrián Rosas García. En esa misma región Miguel Herrera Lara (el “Cocodrilo”) sigue desaparecido y se da por muerto; del Istmo cayeron Neguib Manríquez, presidente municipal de Ixtepec y en Tapanatepec el médico Manuel de Jesús Guillén; de la Mixteca, Moisés Cruz Sánchez; y el dirigente Triqui Heriberto Pazos Ortiz abatido al final del sexenio pasado.
Además están los hechos impunes de 2006, cuando también cayó el periodista norteamericano Brad Will, pero, sobre todo, los más de 20 oaxaqueños caídos en este largo motín iniciado por el magisterio, potenciado por el gobierno y abanderado por la APPO.
Aunque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación concluyó en su resolutivo SCJN 01/2007 “Caso Oaxaca” que en la violación de garantías individuales “El gobernador del estado de Oaxaca tiene una responsabilidad lisa y llana”, esta resolución no se emitió con vinculaciones legales, fue solo una llamada de atención de la Corte a Ulises Ruiz, pero nada más. Se dejó en manos del Congreso de Oaxaca y éste echó para abajo el castigo a Ulises. Eso fue a finales del sexenio pasado cuando el PRI tenía mayoría en el Congreso local, hoy que no es así tampoco pasa algo.
Por todo ello es que estamos por cumplir seis largos años de impunidad casi total, y sólo con los sucesos del 2006 pues hay cuentas que vienen desde 2004 cuando la pasada administración inició su auténtico desgobierno. Y hoy la situación política no ha variado, no hay cambio, por el contrario se incrementan las protestas bloqueos de oficinas, de calles y carreteras. Oaxaca sigue en vilo
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