El legislador Joel Isidro Inocente responsabiliza a los servidores del Gobierno del Estado de las constantes marchas y bloqueos en la entidad, por falta de capacidad y sensibilidad
SAN RAYMUNDO Jalpan, agosto 1.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado Joel Isidro Inocente, del PAN, solicitó al gobernador Gabino Cué Monteagudo que sancione jurídica y administrativamente a sus funcionarios que por negligencia e ineficacia llevan a la ciudadanía a los extremos de manifestarse a través de marchas y plantones afectando a todos los sectores de la sociedad oaxaqueña.
Durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura efectuada este miércoles, el Legislador del partido albiazul sostuvo que esta situación es producto de la mala atención de funcionarios a las demandas de asociaciones, sindicatos o grupos que buscan mejores condiciones de vida para sus agremiados.
“Eso lleva a estos grupos a incurrir en una serie de actos que desequilibran e irrumpen con el orden y la paz social de los oaxaqueños, generando un dilema en el marco jurídico de transitar libremente en territorio estatal y nacional”, subrayó.
En tribuna, en el punto de asuntos generales, el diputado Isidro Inocente señaló que el Estado es el garante de todos los derechos consagrados en la Constitución y es a éste a quien debemos exigir sean respetados.
El también Presidente de la Comisión Permanente de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de la LXI Legislatura responsabilizó directamente a los funcionarios del Gobierno del Estado de las constantes marchas y bloqueos en la entidad, porque su falta de capacidad y sensibilidad política generan desorden y afectación al resto de la comunidad.
Por ello, el representante popular panista llamó a todos los encargados de la política oaxaqueña a cumplir con el trabajo que les fue conferido para generar políticas de prevención y acción a todos los asuntos públicos existentes en la entidad.
Y en nombre de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, invitó a todos los organismos, sindicatos, grupos de interés, actores políticos y sociales a resolver los conflictos y divergencias de ideas de forma civilizada, respetando los derechos individuales de los ciudadanos.
De igual manera, a respetar la libertad de tránsito manifestándose de forma pacífica con el establecimiento de propuestas y proyectos entre ciudadanos y gobierno, a través del respeto mutuo sin afectarnos los unos a los otros.
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