Jesús Aranda
En los últimos meses, la falta de capacidad de la autoridad federal y de los gobiernos de Michoacán y Guerrero para garantizar la seguridad de la población, ha estado a punto de provocar una tragedia de proporciones inimaginables. La reciente retención de soldados en el poblado guerrerense de El Pericón fue un incidente en el que afortunadamente privó la cordura y en el que la sangre no llegó al río.
Se afirma que había más de 100 soldados retenidos por los pobladores, ¿qué hubiera pasado si a alguna de las partes (ambas estaban armadas) hubiera cometido el error de empezar una bronca, de que a alguien se le escapara un tiro?
Otro punto es la humillación que sufren los militares cada vez que su autoridad es cuestionada por grupos de civiles que los critican, ¡por no hacer, lo que es obligación de las autoridades civiles federales y estatales!
La disciplina obliga a los militares a acatar las órdenes del ejecutivo federal de no actuar en contra de policías comunitarios y grupos de defensa civil que están violando la Ley Federal de Armas de Fuego al portar armas sin el permiso correspondiente, en el mejor de los casos o que portan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Esa es una orden que no tiene contentos a muchos en el Ejército, porque la situación se suma a agravios anteriores a los soldados.
No se trata solamente de combatir al narcotráfico sin un soporte legal que garantice los derechos de los militares, ahora, tienen que aguantar a pie firme ese tipo de actos, que en cualquier momento pueden devenir en un hecho realmente grave.
Ayer, la Secretaría de Gobernación le advirtió a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg) que no tolerará que se repitan hechos como los de El Pericón.
Sin embargo, más allá de amenazas, el surgimiento de grupos comunitarios de defensa tienen un fondo político y social muy profundo, en el fondo hay historias de impunidad y de falta de justicia para la población.
Pensar en una intromisión del crimen organizado en ese tipo de movimientos no es descabellado. Eso lo saben los órganos de inteligencia del Ejército y los altos mandos.
¡El panorama es complicado y la mecha corta!
La SCJN y el Acueducto Independencia
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que si la Semarnat o la Profepa advierten que la operación del Acueducto Independencia en el estado de Sonora “causa un daño irreparable a la comunidad yaqui”, están en condiciones de detener su operación “en cualquier momento”. Pareciera una buena decisión, sin embargo, el ministro José Ramón Cossío, quien votó en contra, consideraba que lo más lógico era detener la operación del Acueducto, en tanto las autoridades ambientales cumplían con su obligación de recibir en audiencia a la comunidad yaqui y después, de elaborar una nueva resolución de impacto ambiental.
Dicen los que saben que la buena intención de los cuatro ministros –Olga Sánchez Cordero, Jorge Pardo, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena– que aprobaron la decisión no será suficiente para hacer respetar los derechos que tiene la comunidad yaqui sobre la mitad del agua de la presa La Angostura, la cual abastecerá en su mayoría al citado Acueducto que tiene como objetivo abastecer del vital líquido a la ciudad de Hermosillo.
Después de que la Corte desechara la suspensión de la construcción del Acueducto –en la controversia constitucional que presentaron dos municipios en contra de la obra y que resolverá el pleno en unos meses– se ve sumamente complicado que los ministros decidan echar abajo una construcción en la que se han invertido miles de millones de pesos.
El momento para detener la operación del acueducto, como lo demanda la comunidad yaqui era el miércoles pasado. Paradójicamente, entre más pasa el tiempo, el impacto negativo para la actividad agrícola de los yaquis será mayor, pero la posibilidad de comprobar legalmente dicha afectación será menor. El tiempo opera a favor de una obra que pone en riesgo el abastecimiento del vital líquido para las fértiles tierras de los yaquis
Habrá que esperar la decisión del pleno, sin embargo, no estamos acostumbrados a que los ministros le nieguen la razón al Ejecutivo federal cuando se trata de temas que realmente le importan. Ejemplos hay muchos, en los que prevalece el interés económico o político por encima del interés social.
***
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cumplió ocho meses como integrante del máximo tribunal, sin embargo, en las sesiones privadas de la primera sala aún se extraña a su antecesor, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ortiz Mayagoitia era reconocido por los ministros y los secretarios de Estudio y Cuenta que toman parte en las sesiones de la primera sala por su trato amable y por su humor fino.
Las sesiones de la primera sala, como la de la segunda, son muy particulares, porque en éstas, los ministros interactúan con los secretarios de las otras ponencias y discuten con ellos los asuntos que revisarán en la sesión pública, en condiciones que no se dan en ningún otro lugar ni en ningún otro momento, entre ministros y subordinados.
Dicen los que han estado presentes en esas reuniones que esa confianza y, si se puede decir camaradería, no se da con Gutiérrez Ortiz Mena.
Su gesto adusto mantiene alejado a cualquiera que pretenda ir más allá del trato meramente profesional.
Gutiérrez Ortiz Mena tiene por delante 14 años y cuatro meses en el cargo, ¡nunca es tarde para cambiar!
Dejar una contestacion