Oscar Rodríguez
El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, advirtió sobre posibles conflictos en diferentes comunidades de Oaxaca por el posible regreso a sus escuelas por parte de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante el enojo de algunos grupos de padres y familias y autoridades municipales por la falta de clases.
Dijo que por ello se emitirá una alerta temprana para prevenir que haya conflictos, exhortándose al gobierno de Gabino Cué a que aplique los mecanismos y protocolos que sean necesarias para garantizar un regreso seguro y sin confrontaciones de los docentes a sus escuelas y se pueda ejercer en la entidad las bondades y beneficios de la recién reforma educativa federal aprobada por los diputados federales y senadores.
El ombudsman, abundo que también se prepara una recomendación y un informe especial generalizado contra el gobierno oaxaqueño, por la violación al artículo 3 constitucional que están cometiendo los profesores de la sección 22, que dejaron en la indefensión y sin clases desde hace un mes a más de un millón de escolares.
El ombudsman dijo que la recomendación será dirigida al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Manuel Antonio Iturribarria Bolaños, por su falta de capacidad política para obligar a los profesores de la sección 22 a cumplir con su responsabilidad laboral impartiendo a las clases a los menores afectados.
“Estamos preparando el documento que va en dos dirigido en 3 sentidos, uno para que se restablezca en lo inmediato las clases, se proponga un plan para recuperar el tiempo perdido y se generen medidas para no repetir en lo subsecuente los hechos cometidos”.
Adelanto que con el informe generalizado que se elabora se está buscando además la visibilización del daño causado buscando generar un efecto contundente para exhibir el nivel de responsabilidad que han tenido cada uno de los actores que han intervenido en el paro laboral y en la cancelación de derecho a ser educado de un millón de alumnos, niños y niñas en la entidad.
Dijo que deben ser llamados a cuentas aquellos personajes, funcionarios, que debieron haber previendo y aplicado las medidas de contención correspondiente y anticipadas para evitar el daño pedagógico que ya se causó en prejuicio de la niñez oaxaqueña.
Peimbert Calvo, afirmó que no hay antecedente en otro estado, y en otro país del impacto y lesión que se están generando a los niños oaxaqueños, al dejarlos a la deriva y sin clases durante más de cuatro semanas.
“Es efectivamente una situación de emergencia educacional que tienen que ser atendida por los tres niveles de gobierno para lograr recuperar y resarcir el daño generado”.
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