* Los funcionarios no se dan cuenta de la importancia de adoptar las medidas de protección civil
En 1997 el ciclón tropical Paulina, que golpeó Acapulco, la Costa Chica de Guerrero y la costa y sierra sur de Oaxaca, tomó a las poblaciones afectadas en una situación de desprevención, según el estudio Las enseñanzas del huracán Paulina, publicado en 1999 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.
Según el saldo oficial, hubo 217 muertos. Pero hay un claro subregistro, ya que el estimado de la Cruz Roja, solamente para Acapulco, fue de 400 muertos.
Dieciséis años después, la cauda de daños humanos y materiales de los ciclones Manuel e Ingrid, aún no contabilizados en su totalidad, demuestran, en opinión de uno de los autores del estudio, Jesús Manuel Macías, que las lecciones del Paulina no se aprendieron. Además, que las autoridades federales, estatales y municipales, responsables de la protección de la población, volvieron a cometer las mismas fallas y omisiones que entonces.
Con un agravante, apunta Macías –doctor en geografía, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y especializado en el estudio de los desastres–: “que en 1997 no existía, como hoy, una Ley de Protección Civil actualizada. Sólo había un sistema de alertas que no se aplicó.
Hoy hay todo un cuerpo de normas, protocolos y mecanismos técnicos y materiales para alertar a tiempo a la población y tomar medidas de prevención y mitigación, pero ninguna de estas herramientas se utilizó.
Como en 1997, cuando el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, aseguró haber emitido más de 40 alertas, este pasado septiembre las alertas sí existieron, pero no llegaron a la población.
De entrada, el científico rechaza la definición de desastres naturales. El hecho de que intervenga un fenómeno natural no hace natural un desastre.
Ahí hay toda una ideología de justificación. Hay fenómenos naturales, y los desastres se generan por las condiciones sociales.
Los sismos de 1985 en el Distrito Federal ocurrieron cuando el gobierno no tenía ninguna organización para enfrentar desastres. En 1997 ya existía un sistema nacional de protección civil, pero “como si no existiera, ya que en las comunidades remotas de las costas y las sierras Paulina cayó como si la población viviera en el siglo XVII, como si para ellos no hubiera ningún desarrollo científico ni medios de comunicación”.
Hoy, frente a los meteoros del mes pasado, Macías hace el recuento de los instrumentos que hubieran podido paliar su efecto: “Tenemos la Ley General de Protección Civil, de 2000, que se modificó y actualizó el año pasado; existe sistema de alerta formal contra ciclones tropicales; hay dos fondos financieros, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Prevención de Desastres (Fopreden); hay una organización a escala federal por regiones de protección civil. Este sistema se llamaba antes de defensa civil y dependía de un sistema asociado con readaptación social, pero en 1999 se creó una coordinación general y se reformó.
“Tenemos una práctica de aseguramiento de infraestructura, se han invertido recursos en los fondos, hay cambios en acciones y esquemas. Además hay un atlas de riesgos de los estados y algunos municipios, que es un instrumento muy importante para generar prevención y mitigación de desastres.
Se extraña el uso de estos instrumentos, en los que además se ha invertido mucho dinero público. No se justifica que existan omisiones en la detección y mitigación de desastres. Una vez que se obtienen mediante un esfuerzo importante, tengo la impresión de que se quedan ahí, como si con el simple hecho de existir fuera suficiente. Da la impresión de que los funcionarios no se dan cuenta de la importancia de utilizar estos instrumentos. Esto lo que crea es la idea de la falsa seguridad.
–¿Puede justificarse una respuesta insuficiente por el hecho de que hayan golpeado dos ciclones tropicales simultáneamente?
–La simultaneidad puede ser poco común, pero no es rara desde el punto de vista meteorológico. No tiene nada que ver con la insuficiente respuesta de los sistemas gubernamentales y con los arreglos que tuvieron que haber habido con las poblaciones en riesgo.
–¿Pueden fincárseles responsabilidades a las autoridades, al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por ejemplo?
–Según la ley, los gobernadores y los presidentes municipales tienen responsabilidad al no haber echado a andar el sistema de protección. El sistema estatal es estratégico, porque es precisamente el gobernador quien tiene que enlazar a las organizaciones con el gobierno federal y además coordinar a los sistemas municipales. En el tema de la responsabilidad penal, de autoridades y empresas que hicieron construcciones donde no debían, de funcionarios que no aplicaron las normas legales para poner a salvo a la población, por el momento en México el panorama es muy confuso, no veo ningún asidero.
Pero esto no quiere decir que no tenga viabilidad. Hay un antecedente internacional muy reciente. En el caso de los sismos de la región de Aquila, en Italia, donde murieron 312 personas, acaban de ser sentenciados a seis años de cárcel los seis funcionarios de una comisión responsable de las alertas. Los familiares de las víctimas los demandaron por desactivar el estado de alerta de la población, concluyó el especialista.
FUENTE: Periódico La Jornada
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