Oscar Rodríguez
El gobierno de Oaxaca no pagara a los maestros sustitutos y comunitarios que imparten clases en al menos unas 77 escuelas donde los padres de familia le dieron la espalda a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) luego del paro de 30 días que hicieron estallar con motivo de sus movilizaciones en la Ciudad de México.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sostiene que pagar a estos maestros impuestos por padres de familia implicaría un desvío de recursos por que la misma reforma educativa federal impide a los gobiernos de los estados otorgar plazas y en consecuencia cubrirlos con fondos públicos, además de que dichos nombramientos están sujetos a un concurso nacional.
El titular de la dependencia, Manuel Antonio Iturribarria Bolaños, reconoció que a 4 semanas de haberse reiniciado el ciclo escolar, permanecen un total de 77 conflictos en 151 municipios, 15 de ellos de alta complejidad.
“Cuando retomamos las actividades escolares hace tres semanas aproximadamente, luego de paro de 40 días que protagonizaron los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), detectamos que había un total de 400 conflictos, por la apertura indebida de escuelas y la imposición de profesores sustitutos, autoubicados, o de la sección 59 del SNTE, de los cuales, hasta el momento se han resuelto la mayoría restando menos de 15 donde persiste un atención emergente para evitar los actos de confrontación”.
Dijo que a estas escuelas en conflicto donde asisten poco más de 25 mil alumnos, hay una mesa permanente de dialogo para exhortar a los padres de familia y autoridades municipales para que se ajusten a la ley y en el corto plazo acepten devuelvan las escuelas que tienen tomadas.
Dejo claro que el gobierno estatal no puede validar como profesores a personal que no tengan una plaza asignada, por que ello implicaría otorgarle un salario a una persona que esta facultada para ser profesor. Además de que dijo que se generaría una desviación de fondos.
Aseguró que la misma reforma educativa federal limita la entrega de plazas por parte del gobierno, una vez que estas designaciones se entregan en base a concurso de evaluación realizado por la propia federación.
Confió en que antes del 15 de noviembre se pueda resolver la mayor parte de estos conflicto, dejando claro que se continua valiendo la política del dialogo para convencer a los padres de familia y autoridades municipales para que acepten el regreso a sus aulas de los profesores que tienen plaza y acta de comisión, que son los de la sección 22.
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