Oscar Rodríguez
El procurador de Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo, aceptó que ha solicitado el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer la ola de asesinatos reportados el fin de semana, donde se destaca el atentado contra el activista Ignacio García, -principal colaborador del ex diputado petista y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Flavio Sosa y el multi homicidio reportado en la comunidad de San Miguel Soyaltepec, donde fueron encontrados 6 cadáveres, a bordo de una taxi de Tierra Blanca, Veracruz.
Con respecto a los 6 cadáveres hallados sobre un camino de terracería, localizado en el municipio de San Miguel Soyaltepec, -todos a bordo de un taxi originario de Tierra Blanca Veracruz y con el tiro de gracia en la cabeza, torturados y maniatados- el titular de la PGJO Joaquín Carrillo dijo que el caso podrían tener relación con el crimen organizado y por ello se ha pedido el apoyo en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR)
“Estamos investigado todos los indicios y parece ser que los asesinatos son derivado de una reacción de la muerte de 10 secuestradores que fueron ultimados tras enfrentarse a las fuerzas federales en la zona de Veracruz”.
La información que tenemos es que las 6 personas asesinadas, había sido levantadas en Tierra Blanca, Veracruz y ejecutados después en Soyaltepec.
Abundo que unas de las víctimas era investigado por narcomenudeo y se le apodada “El Mocho”, y operaba el tráfico de drogas de Soyaltepec, hasta los límites con Veracruz.
En tanto y en lo que respecta al caso del crimen perpetrado en contra de Ignacio García colaborador del ex líder de la APPO Flavio Sosa, se agotan todas las líneas de investigación y los indicios localizados en la escena del crimen.
Por ejemplo dijo que se indaga que relación pudo haber tenido la segunda víctima en el atentado, -un sujeto identificado como Emmanuel, que tenía antecedentes penales y que era quien fungía como chofer de la unidad de motor donde fueron encontrados ambos cuerpos y que según se precisa fue facilitada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a la organización COMUNA, dirigida por Sosa para realizar labores de pacificación en la Sierra Sur.
Menciono que el apoyo que se ha solicitara a la PGR, estará dirigida a establecer las últimas comunicaciones telefónicas que había en los teléfonos celulares.
No descarto que en las líneas de investigación a descartar se encuentra la participación que tuvo la victima en el movimiento social de la APPO, tras la revuelta social del 2006.
“Aunque también se buscara agotar la venganza personal o de tipo pasional”.
Menciono que incluso a los activistas de COMUNA, se les ha ofrecido aceptar el protocolo de protección a víctimas, ya que han sido blanco de diferentes amenazas de muerte, por su trabajo y desempeño de activismo en diferentes comunidades indígenas oaxaqueñas.
El titular de la PGJO, no quizá establecer un patrón de comportamiento respecto a los crímenes perpetrado, o relacionarlos con los asesinatos en contra de otros dirigentes sociales y activistas.
“Considero que cada uno de los casos ocurrieron de manera aislada y es circunstancial que se reporten consecutivamente.
Nosotros tenemos diferentes investigaciones y las líneas de indagatoria en muchos de los casos nos establece que se trata de hechos fortuitos, cometidos por razones diferentes a una vertiente política”.
Dijo que en algunos casos perpetrados en los últimos tres años contra líderes sociales y activistas, ya se cuenta con la identidad de los responsables en los crímenes y se está en espera de solicitar a un juez la orden de aprehensión correspondiente para lograr su captura”.
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