Oscar Rodríguez
Amnistía Internacional califica como inaceptable la inacción de autoridades federales y del Estado de Oaxaca para ejecutar 11 órdenes de aprehensión contra personas implicadas en el asesinato de los activistas Alberta “Bety” Cariño y Jyri Jaakkola. Varios de los implicados viven abiertamente en la zona donde ocurrieron los hechos.
El día de ayer, domingo, 28 de abril, se cumplieron cuatro años del ataque ocurrido cerca de la comunidad indígena de San Juan Cópala, en Oaxaca, en el que perdieron la vida ambos activistas, y otros resultaron heridos, a manos de un grupo armado que estaba en conflicto con miembros de la comunidad.
Bety Cariño y Jyri Jaakkola, este último de nacionalidad finlandesa, formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos y medicinas a la comunidad.
“Espero que llegue el día en que sólo lleve luto y pueda extrañar tranquilamente a mi hijo. Sin tener que exigir justicia, sin decir nada”, expresó Eve Jaakkola, madre de Jyri, desde Finlandia.
“De parte de mis hijos y mía, quiero pedir que las autoridades detengan a los sospechosos de manera urgente y los lleven ante la justicia”, dijo Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, desde Oaxaca.
Autoridades federales y estatales se han comprometido reiteradamente a ejecutar las 11 órdenes de aprehensión vigentes en contra de presuntos implicados en estos asesinatos. Sin embargo, todos ellos continúan en libertad. Según información recibida, varios viven normalmente en la zona de San Juan Copala sin que las autoridades tomen medidas para arrestarlos. Solo una persona, Rufino Juárez, está en detención bajo proceso en relación con el crimen. La inacción de las autoridades ante los demás implicados pone en entredicho su compromiso, reiterado a nivel nacional e internacional, para asegurar la justicia.
El ataque que sufrieron Bety Cariño y Jyri Jaakkola no es un hecho aislado sino que ilustra la realidad que viven muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Para prevenir ataques e intimidación, el gobierno federal ha creado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero la protección que provee a sus beneficiarios es insuficiente o inadecuada. La situación es aún peor en lo que respecta a la investigación penal de los responsables por los ataques donde la impunidad es casi total.
Amnistía Internacional insta a las autoridades federales y estatales a investigar exhaustivamente los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, incluyendo los vínculos entre el grupo armado responsable y las autoridades, a cumplir de forma inmediata las órdenes de aprehensión vigentes y a garantizar medidas de protección adecuada para los testigos oculares. Todo esto con el objetivo de hacer rendir cuentas a todos los responsables.
La organización también llama a las autoridades a investigar los motivos de la inacción oficial en la ejecución de las órdenes de aprehensión para determinar responsabilidades individuales.
El esclarecimiento de todas las agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos es la medida más efectiva para garantizar su protección y su capacidad de trabajar sin temor a represalias.
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