Ciudad de México, a 10 de mayo de 2014
El jueves pasado (8 de mayo) se realizaron las elecciones para nuevo rector en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde resultó electo el doctor Hugo Aboites.
Para contender en dichas elecciones sólo se presentaron dos candidatos, y ninguno de ellos fue el doctor José Enrique González Ruiz. Como lo acredita la minuta en su acuerdo CE-UACEM/ORD/06/050 del Colegio Electoral de la UACM del pasado 7 de mayo, Enrique González Ruíz nunca manifestó interés en participar en la contienda de manera oficial.En la convocatoria no aparece ningún candado o impedimento para que él se pudiera registrar. El Colegio Electoral hasta la fecha no ha recibió ningún documento que cuestione el proceso electoral”.
Nunca hubo impedimento para que él registrara su candidatura a la rectoría. Sin embargo, ha difundido ampliamente que es víctima de injusticias que le impidieron presentarse como candidato para ocupar este puesto. Incluso, a través de un pliego petitorio solicitó a la comunidad universitaria “cancelar el proceso de elección del nuevo rector para restituirle su derecho a participar como candidato aspirante a la rectoría.” Cosa que no sucedió.
El doctor González Ruíz, argumenta que este proceso se vio obstaculizado por la denuncia de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral presentada ante las autoridades universitarias el 3 de junio de 2013, por las académicas Clemencia Correa González y Ma. del Carmen Rodríguez Sánchez, trabajadoras y maestras del Posgrado en Derechos Humanos, que González Ruíz coordinaba. Además, dice, es falsa pues el motivo de fondo era impedirle ser rector
Los hechos fueron investigados exhaustivamente por las autoridades universitarias. Se abrieron dos instancias para garantizar el debido proceso de defensa del doctor González Ruíz: una universitaria que tuvo lugar de junio a octubre de 2013; y otra, que de acuerdo a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo de dicha institución, estableció una Junta Aclaratoria durante los meses de diciembre de 2013 a abril de 2014, declaró la abogada de las denunciantes, Andrea Medina Rosas.
Andrea Media explicó que durante once meses, González Ruiz tuvo la oportunidad de defenderse y de actuar en el marco de los derechos humanos establecidos constitucionalmente. Sin embargo, en lugar de realizar una argumentación jurídica ya que el hostigamiento sexual y laboral están previstos en nuestra legislación y dentro del marco institucional “se dedicó a difundir calumnias y a desacreditar con argumentos misóginos a las denunciantes”.
Se atrevió, por ejemplo, a afirmar en su escrito del 18 de diciembre de 2014 que era inverosímil que pudiera hostigarlas sexualmente, pues a su edad no era posible que él “tenga una libido tan activa y desarrollada como para satisfacer sexualmente a cuatro mujeres al mismo tiempo.”
También, González Ruíz cuestionó la versión de una de las víctimas que explicó que el presunto agresor realizaba estos actos de hostigamiento en su cubículo, sin testigos; y por otro lado, frente a los demás, se comportaba normalmente dijo. Ante esto el ahora culpable respondió en su escrito del 9 de enero de 2014: “Por fin, ¿Le daba asco o quería que la abrazara siempre?”.
Y cuando una de las mujeres expuso que había sido víctima también de abuso sexual porque González Ruiz le había tocado los senos sin su consentimiento, el argumento de defensa que presentó este hombre en el escrito del 17 de diciembre de 2013 fue: “Insisto en la pregunta ¿Se presentaban las imputadoras ante mi presencia con los senos descubiertos? O ¿toqué sus ropas, como en una especie de fetichismo?”.
A lo largo del proceso se dedicó a afirmar, sin ninguna prueba, diversas falsedades entre las que sobresalen que Carmen Rodríguez Sánchez hostigaba sexualmente a un alumno, luego dijo que a dos, y terminó diciendo que hostigó a varios más, sin que nadie haya presentado ninguna denuncia hasta ahora. Ese dicho es falso.
En contra de Clemencia Correa González, defensora reconocida y querida por el movimiento de derechos humanos y de mujeres, se ha atrevido a afirmar algo absolutamente falso: “que es señalada como agente del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) y como responsable de haber entregado a nuestros muchachos en Sucumbíos, así como al profesor Miguel Ángel Beltrán (en su escrito del 17 de julio de 2013)”.
Junto con testigos que él presentó, como el doctor Carlos Fazio, otro integrante de la UACM, construyeron un argumento de “falso mobbing” en el que han argumentado que la denuncia se trata de una movilización de “feministas anti-hombres” que sólo buscan desprestigiar al Posgrado de Derechos Humanos.
En el colmo de la búsqueda de la impunidad y para distraer las investigaciones, los doctores Fazio y González Ruiz, afirmaron que la denuncia era parte del hostigamiento que “González Ruiz sufre por otros procesos en los que ha participado, como en el Tribunal Permanente de los Pueblos o la Comisión de la Verdad de Guerrero y él lo atribuye a venganzas por su militancia social y política fuera de la Universidad”.
A pesar de que esta casa de estudios creó un procedimiento que velara por los derechos de todas las partes, durante la Instancia Universitaria, González Ruíz incumplió con las medidas de confidencialidad para garantizar la integridad de las víctimas y la suya propia, por lo que se le asignó una Comisión de Defensa de más de sesenta días con goce de sueldo.
De nuevo, en lugar de defenderse con argumentos sólidos y jurídicos, buscó denostar a la institución y el 31 de julio de 2013 impugnó dicha Comisión de Defensa ante el Juez de Amparo. En su solicitud de amparo, mintió ante la autoridad argumentando no haber sido notificado del proceso y asumir que era sancionado sin ser escuchado, afectándosele, dijo, sus derechos laborales.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dio la razón a la Universidad, y en la resolución del Amparo 1846/2013 consideró que no había ninguna violación a sus derechos y afirmó que, en caso de ser sancionado con el despido, era su derecho recurrir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La sentencia quedó firme en marzo de 2014.
El pasado 30 de abril, mediante Oficio UACM/OAG/314/2014, de la última sesión de la Junta Aclaratoria, analizadas las pruebas presentadas por ambas partes, Enrique González Ruiz fue encontrado responsable de haber cometido actos de hostigamiento sexual en contra de dos mujeres integrantes del posgrado en derechos humanos que él coordinaba y, además, por hostigamiento laboral en contra de una de ellas. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, esos actos son causa de recisión laboral y por tanto, fue separado de la Universidad y terminada su relación laboral a partir del día 1º de mayo de 2014.
Si bien, este hombre considerado como emblemático defensor de derechos humanos tiene la garantía legal y el derecho para impugnar esa resolución, en lugar de ello ha decidido hacer una campaña de difusión, presentándose como víctima y armó un escenario para denostar y desacreditar a las afectadas. Sus argumentos falsean los hechos y hoy dice que dicha resolución lo que buscaba era dejarlo fuera del proceso electoral universitario y dañarlo de manera personal.
Las víctimas narran que han sufrido, desde que presentaron su denuncia, la exclusión, estigmatización y aislamiento por parte de las y los integrantes del Posgrado de Derechos Humanos. Actualmente son abrumadas con una campaña de descrédito como personas, como denunciantes y cómo afectadas por el sólo hecho de haberse atrevido a denunciar y probar los actos de hostigamiento sexual.
Consideramos que esta resolución creó un precedente inédito en la historia de la UACM para investigar, atender, sancionar y reparar los daños por hostigamiento sexual, y que, gracias al valor de estas dos académicas se podrían abrir espacios para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en dicha Universidad.
El señor González Ruíz está buscando la impunidad legal y social. “Sus dichos son argumentos machistas y falsedades para desprestigiar a las víctimas, a las autoridades Universitarias y a las profesionales del derecho que investigaron el caso”.
En tanto transcurre el plazo para que él impugne formalmente la resolución emitida, González Ruíz está construyendo un clima de riesgo y violencia en contra de quienes lo denunciaron y de cualquier persona que defienda a las afectadas; así como a diversas organizaciones y redes de defensoras y defensores de derechos humanos que ya se han pronunciado para que se garantice su integridad física y moral. (Se anexa carta firmada el 6 de mayo por más de 80 organizaciones civiles)
Las afectadas lo único que piden es que el culpable y sus adherentes se conduzcan por la vía legal e institucional, como corresponde a todo defensor de derechos humanos, y que se detenga la campaña de linchamiento contra las maestras Clemencia y Carmen quienes se sienten dañadas en su honra. La defensa pública y los argumentos de González Ruíz contribuyen a crear un clima de discriminación y violencia contra las mujeres, procurando miedo e inhibiendo el legítimo derecho a denunciar.
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