- Contradicción que afecta a más de 6 millones de mexicanos: diputado Alonso Raya
- El Estado debe pagar jubilaciones dignas a quienes han trabajado toda su vida, dice el perredista
Roberto Garduño y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 17 de mayo de 2014.
Senadores y diputados se responsabilizaron recíprocamente por las reformas detenidas en ambas cámaras del Congreso, que permitirían evitar el otorgamiento de pensiones millonarias a servidores públicos, como las que que se pretende otorgar a los magistrados electorales.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, denunció que desde noviembre de 2011 está congelada en la Cámara de Diputados la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, en la que se prohíbe conceder y cubrir jubilaciones, pensiones o haberes de retiro que no estén asignadas expresamente por una ley, decreto legislativo o condiciones generales de trabajo.
Con esa legislación se regularían no sólo las pensiones de los magistrados, sino también las que se otorgan a ex presidentes de la República, que de hecho se suprimirían. Es lamentable, dijo, que esa minuta, aprobada en la pasada legislatura en el Senado, se haya frenado en San Lázaro.
Por separado, el diputado perredista Miguel Alonso Raya denunció que los senadores incurren en una contradicción que afecta a millones de mexicanos, porque tienen congelada la minuta de pensión universal que otorgaría 580 pesos mensuales a cada uno de los 6 millones 600 mil mexicanos que se encuentran en el desamparo, pero aprobaron el pago de una cantidad millonaria a los magistrados electorales cuando se retiren, lo cual resulta ofensivo.
Acusó también a los senadores de tener congelada la iniciativa para reformar el artículo 18 transitorio de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en la actualidad establece condiciones inadmisibles para los trabajadores que han completado 500 semanas de servicio requeridas para obtener una pensión de retiro de cien por ciento.
Son iniciativas, insistió, encaminadas a que el Estado asuma su responsabilidad y pague pensiones dignas a quienes han trabajado gran parte de su vida, que están detenidas, pero aprobaron una pensión vitalicia que beneficiará de forma grosera e irresponsable a siete mexicanos que vivirían un privilegio inaudito.
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