Oscar Rodríguez
Un grupo de agentes de la seguridad privada al servicio de la minera canadiense Fortune Silver intentaron detener al ex diputado y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPOl Flavio Sosa Villavicencio por tomar fotografías de tráileres de esa empresa que circulaban por la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.
Cerca de las ocho de la noche de este martes, el activista tomó fotografías de un convoy de tres tráileres que iban escoltados por patrullas de seguridad privada de la empresa GIA Seguridad Privada Armada e inmediatamente uno de los tráileres se le “cerró” al vehículo donde viajaba el ex legislador, obligándolo a detenerse.
“Nos aventaron un tráiler, casi no lo libramos”, justo frente al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ubicado sobre la carretera, en el municipio de Santa María Coyotepec, narró.
Flavio Sosa explicó que cerca de diez agentes de seguridad privada, armados con pistolas y ametralladoras, se acercaron al vehículo y les exigieron mostrar identificaciones bajo el pretexto de parecer “sospechosos”.
Los policías privados, que llegaron en cerca de cinco patrullas, retuvieron al ex legislador y a sus acompañantes por cerca de 20 minutos. Los vehículos estaban rotulados como de la empresa GIA Seguridad Privada Armada, con el registro federal DGSP/229-11/1841.
Los guardias privados se retiraron tras la intervención de agentes de la Procuraduría estatal que escoltan al ex legislador como parte de una serie de medidas cautelares a su favor, derivadas de amenazas de muerte y el reciente asesinato de uno de los integrantes de Comuna Oaxaca, la organización social en la que participa.
Sobre el caso, Flavio Sosa dijo que analizará las posibles acciones legales que pueda tomar por los varios delitos que se configuren en la acción de los agentes de seguridad.
En marzo de 2012, desde la tribuna del Congreso local, Flavio Sosa demandó al gobierno federal revocar las concesiones y permisos con las que opera la empresa minera en San José del Progreso, bajo el argumento de que fueron otorgados de manera ilegal, pues la comunidad no fue consultada al respecto, contraviniendo lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Dado que se trata de un otorgamiento ilegal, el gobierno federal está obligado a revocarlo; no hacerlo de inmediato solamente retrasará algo que, finalmente, sucederá por mandato de tribunales internacionales”, dijo en esa ocasión, con motivo del asesinato de Bernardo Vásquez, líder comunitario opositor a la minera.
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