Hiram MORENO
La auditoría que se realiza a la anterior autoridad municipal en cuanto a los recursos otorgados del programa de subsidio a la seguridad pública municipal (SUBSEMUN), podrían arrojar mucha información del presunto desvió de recursos etiquetados por la federación para reforzar la seguridad pública en el municipio de Salina Cruz.
En el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2013 celebrado entre el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y el entonces presidente municipal Gerardo García Henestroza, el ex tesorero municipal Gerardo De Jesús Zarate y el ex comisario de seguridad pública, Avimelec Tobilla Hernández, se especifica claramente que el objetivo principal es establecer los programas, desatinos de gastos, rubros, acciones, términos, plazos, cuadros de metas y montos, así como los cronogramas a que se sujetará el ejercicio de los recursos presupuestarios, tanto federales como municipales, y en su caso, locales, lo cual evidentemente no se cumplió a cabalidad.
La meta del convenio era hacer que el ex presidente municipal diera cumplimiento total y se comprometiera a alcanzar conforme a lo indicado en cada uno de los conceptos establecidos en el anexo técnico, para lograr las metas indicadas, para lo cual el presidente municipal, se comprometía a ejercer el total de los recursos federales convenidos de acuerdo a las metas y montos indicados en cada uno de los conceptos, así como el total de los recursos aportados como coparticipación. Sin embargo se cometieron irregularidades que podrían haber dejado grandes dividendos a los involucrados en el manejo de los recursos del SUBSEMUN.
En el 2013 se destinaron entre otros rubros, dos millones de pesos para prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, 420 mil pesos para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en controlo de confianza, 4 millones 210 mil 250 pesos para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, 870 mil para la red nacional de telecomunicaciones (compra de radios matra), 34 mil 500 pesos para el software de la base de datos del sistema nacional de información y dos millones 465 mil 250 pesos para el servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima que hacen un total de diez millones de pesos. En la mayoría de estos casos las acciones se hicieron a medias o simplemente no se hicieron, aunque el recurso fue reportado como ejercido al cien por ciento.
En la página cinco del anexo se establece que se comprarían dos camionetas pick up con valor de 400 mil pesos cada una, pero en los hechos se compraron de menor precio, también 50 armas costas con valor de 13 mil 500 pesos cada una haciendo un total de 405 mil pesos, 10 armas largas con valor de 25 mil cada una haciendo u total de 250 mil pesos, más 495 mil pesos que se invirtieron en la compra de armamento del grupo táctico que debería estar integrado por diez elementos de alto nivel de adiestramiento, con diez pistolas calibre 9 milímetros, 2 ametralladoras, 2 escopetas para asalto y un fusil de tiro de precisión, esto más otros rubros menores dan un monto total de 4 millones, 210 mil 250 pesos. En realidad no se compró ningún arma, no existe el grupo táctico y nadie sabe dónde quedo este recurso, a que cuenta personal fue a parar o quien tiene el dinero.
En la página 8 del anexo, en lo que se refiere a la base de datos que debería estar montada y funcionando al cien por ciento en la comandancia municipal, se establece entre otras cosas que se adquirieron dos estaciones verificadoras dactilares con un costo de 20 mil pesos, lo cual tampoco es verdad.
Para el servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, con una inversión de un millón 500 mil pesos se debió adquirir una estación de monitoreo y con una inversión de 895 mil 250 pesos, debió haberse adquirido una cámara ALPR, que serviría para operar el sistema de reconocimiento de placas. Físicamente la cámara no está pero alguien la compró y alguien la cobró, de la estación de monitoreo ni hablar, alguien de la administración anterior hizo el negocio de su vida porque no funcionan ninguna de las cámaras instaladas.
En la página once del escrito enviado a este medio de comunicación, se establece que un millón de pesos se invirtieron en el 2013 para la restructuración y homologación salarial, un millón 440 mil pesos más se invirtieron en indemnizaciones del personal policial separado del servicio por incumplimiento a los requisitos de permanencia en materia de control de confianza, sin embargo ningún policía fue separado del cargo en ese año y tampoco se informó donde quedo ese dinero que debió utilizarse para tal fin.
Estas irregularidades son las que se cometieron tan solo en el 2013, por lo que el desvío de recursos del SUBSEMUN en el pasado trienio podría tener repercusiones jurídicas contra ex funcionarios municipales.
Este anexo técnico está firmado por Jaime Guillermo López Aranda Trewartha, titular del centro nacional de información, así como por María De Jesús Ruiz Piña, directora general adjunta del centro nacional de certificación y acreditación, Silke De La Parra Silva, directora de área del centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana, Fernando Osuna Villescusa, director general adjunto de apoyo técnico y Gabriel Eduardo Suarez López, director general adjunto de vinculación y seguimiento, todos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.
Por el gobierno de Oaxaca firma el documento Miguel Horacio Botello Treviño, secretario ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública y por el municipio de Salina Cruz, Gerardo García Henestoza, Gerardo De Jesús Gómez Zarate y Avimelec Tobilla Hernández, ex presidente municipal, ex tesorero municipal y ex comisario de seguridad publica respectivamente.
Al respecto, entrevistada vía telefónica, la actual síndico de gobernación del ayuntamiento porteño, licenciada Karina Márques Garrido, dijo que Se ha pedido a la anterior administración que entregue las garantías para poder pedir a la empresa que vendió las cámaras que cumpla con la correcta instalación y puesta en operación de las mismas.
“Se le requirió al anterior presidente municipal y no lo hizo, lo mismo que a la ASE y por eso solicitamos al secretariado copia certificada de todo lo que se compró del SUBSEMUN 2013”, explicó la funcionaria municipal al ser cuestionada de las irregularidades detectadas.
Márquez Garrido reconoció que si están instaladas las diez cámaras en cinco puntos de la ciudad, lo mismo que la cámara para el reconocimiento de placas, solo que estas no funcionan.
Ante esta situación, el C2 que debería estar operando tras la supuesta inversión millonaria que debió haberse aplicado en los tres años de la pasada administración, simplemente no sirve, los monitores que si se instalaron no están funcionando, no están enlazados a la red nacional de seguridad pública y menos a plataforma México como era el objetivo principal.
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