Oscar Rodríguez
Un grupo de campesinos adheridos a la Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), realizaron acciones de vandalismos en el acceso principal de la delegación estatal de la Secretaría de Agrícultura Ganaderia, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), quemando costales y chalecos de la Cruzada contra el Hambre para protestar por los presuntos actos de corrupción cometido por el delegado de la dependencia Manuel García Corpus.
Los inconformes, se quejaron de no ser atendidos en audiencia por el referido funcionario, quien incluso ordeno al cuerpo de seguridad interna se restringiera el paso a los quejosos.
El representante de la Codedi, Abraham Ramírez Vázquez, acusó a García Corpus de negarse a entregar más de 160 paquetes de semillas e insumos agrícolas para campesinos de pueblos ubicados en las regiones de la costa y la mixteca.
Cuestiono que hubo una minuta firmada con el funcionario federal para entregar a cada beneficiado un apoyo de tres mil 300 pesos.
Además de la entrega de herramienta como palas, picos y barretas para 230 familias de bajos ingreso.
Sin embargo, el apoyo llegó sólo para 64 productores, por un monto de un mil 100 pesos y un bulto de fertilizante, una bomba aspersor y chaleco de nylon, los cuales no utilizan y son de mala calidad.
En cambio, repudio se entrego a los beneficiados bultos vacíos, chalecos, gorras y camisas de la Cruzada contra el Hambre, lo que calificaron como indigno e insultante, cuando lo que la gente quiere es apoyo para alimentarse mejor y sacar adelante sus cosechas.
Por ello, afirmó los pueblos inconformes junto con la organización determinaron realizarán una marcha y una protestas frente a las oficinas de la Sagarpa, en la capital del estado.
En tanto el secretario técnico de la delegación de la SAGARPA Zahuindada Flores, rechazó que haya existido en el cumplimiento de la minuta, argumenta que se apoyo a la gente que fue acreditada y reunió los requisitos para ser benefactoras de los apoyos oficiales.
Abundó que por los hechos vandálicos reportados, el departamento jurídico de la dependencia federal se reservó el derecho a presentar una denuncia penal contra los inconformes.
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