Oscar Rodríguez
Un mil indígenas originarios de dos comunidades del municipio de San Juan Ozolotepec, se encuentran incomunicados desde hace 45 días por un conflicto político y de orden religioso.
Los retenidos no pueden salir de sus comunidades, no reciben víveres y cuenta con el suministro de energía eléctrica cortado.
El administrador municipal designado por la legislatura local Carlos Holder, acusó a los habitantes de la cabecera municipal.- que se ostentan como representantes de la asamblea comunitaria del pueblo-, de reprimir a los lugareños, y exigió el ingreso de la fuerza púbica para restablecer el orden y la paz social de las comunidades.
Dijo que es necesario que se despejen los caminos y se retire el cerco que ha sido instalado en los accesos de las agencias municipales de Santa Catarina Chanaguia y Santiago Lapaguia, donde hay arboles derribados y barricadas montadas con piedras de gran tamaño.
Holder, mencionó que urge atender el conflicto que priva en tal comarca, donde hace falta que las autoridades electorales locales convoquen en los inmediato a la celebración de elecciones extraordinarias a fin de que los habitantes pueden elegir libremente a sus autoridades municipales.
Dijo que la Cámara de Diputados Local, ya emitió el decreto para reponer el proceso electoral, pero ha faltado celeridad por parte del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (NE) para organizar los comicios extraordinarios.
Holder identificó a un grupo radical de oponerse a la celebración de elecciones pacíficas y civilizadas en la comunidad.
“Mi deseo es que llevemos a cabo una jornada electoral en paz, pero hay grupo que se oponen a este propósito.
Y son los mismos que se oponen desde hace 9 meses a que yo como administrador pueda arribar a la cabecera municipal y pueda despachar desde el palacio municipal, usurpando el cargo de autoridad municipal autonombrada, lo que rompe con la ley y el estado de derecho”.
Holder, demando la mediación de la Secretaria General de Gobierno para poder resolver las diferencias que persiste con el grupo caciquil a fin de generar condiciones de civilidad.
Acusó como actores involucrados en la obstaculización del proceso de paz, al director de atención a conflictos religiosos del gobierno estatal Francisco Zavaleta y al subsecretario de gobierno Carlos Moreno Alcantara, quienes se han negado acatar la recomendación que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para restituir sus derechos civiles y políticos a 9 familias desterradas de dicha comunidad por parte del grupo caciquil que usurpa la función de autoridad municipal autonombrada en la zona.
Indicó que no pueden desarrollar elecciones en la comunidad solo para que los responsables de las instituciones se laven las manos, afirmando que cumplir con su deber, cuando su decisión puede generar un derramamiento de sangre.
“Hay que hacer una reflexión y análisis de la situación para no repetir escenarios de violencia en el poblado”.
¿si hay violencia quienes serán los responsables?-
-“Si hay violencia, creo que todos los actores tendríamos algún grado de responsabilidad, uno en menor o mayor grado, por que las causales se han expuesto en las mesas de trabajo, junto con los testimonios y si se continua con la insistencia de celebrar elecciones la determinación se actuaría con mucha irresponsabilidad, y los resultados funestos serian muy lamentables”.
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