* El presidente, en un ambiente cada vez más caldeado, convoca a las fuerzas políticas para acabar con la violencia
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha decidido recuperar la iniciativa política en plena tormenta por el ‘caso Iguala’. Con un país furioso por la incapacidad policial de dar con el paradero de los 43 estudiantes, zarandeado por una creciente oleada de protestas universitarias y pendiente de la resolución de una tragedia que ha llenado de horror las pantallas del planeta, el mandatario mexicano ha anunciado que convocará a las fuerzas políticas, estatales y sociales con el objetivo de forjar un gran pacto contra la violencia. “Es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir, para que unamos esfuerzos a favor del estado de derecho, para combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”, proclamó Peña Nieto.
El llamamiento se hizo en un contexto cargado de significado. Para lanzar su propuesta, el presidente aprovechó la presentación pública de los 25 reglamentos que ponen punto final legislativo a la reforma energética, la más importante transformación económica acometida en décadas. Este marco hizo aflorar inmediatamente el recuerdo del Pacto por México, el acuerdo que, con apoyo de los tres grandes partidos, dio pie a los cambios estructurales que han absorbido los dos primeros años de gobierno.
Amparada en estos laureles del pasado, la convocatoria de Peña Nieto intenta dar respuesta a una necesidad cada vez más evidente: frenar el deterioro político causado por la desaparición de los normalistas. Cada día que pasa sin resultados tangibles en la investigación, las críticas arrecian. Y los dardos no recaen exclusivamente sobre los encargados de las pesquisas, en las que participan casi 10.000 efectivos, entre soldados, policías, fiscales y peritos.
El enorme malestar generado por el asesinato y desaparición de los normalistas ha dado salida a un gigantesco magma de desconfianza institucional. Intelectuales, empresarios y artistas de renombre han virado sus críticas iniciales, centradas en la descomposición del estado de Guerrero, el más pobre y violento, para elevar el tiro contra un sistema político que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En esta erupción ha participado la Iglesia católica. La beligerante y poderosa archidiócesis primada de la Ciudad de México, a través del semanario Desde la fe, su órgano de expresión, ha disparado contra Peña Nieto y su Ejecutivo. “Guerrero es otro foco encendido que las autoridades de la Federación no quisieron ver, es el reflejo del peligro latente de vivir en un país como México con graves problemas internos gobernabilidad, seguridad, corrupción y miedo en distintas regiones, donde nadie está a salvo”.
Blanco principal de estos ataques son también los tres grandes partidos. Conscientes de ello, los dirigentes del PAN, PRI y PRD han puesto en marcha desde el pasado fin de semana su propio escudo defensivo y han pedido la convocatoria de un pacto. “La situación del país en materia de seguridad es tan delicada, es tal el nivel de descomposición que hoy se requiere un gran acuerdo nacional, de muy largo plazo, para fortalecer la seguridad y la plena vigencia del Estado de derecho”, afirmó el presidente del PAN (derecha), Ricardo Anaya. En un sentido similar se expresó el líder parlamentario priista, Manlio Fabio Beltrones: “Hay que fortalecer el Estado de derecho, hacer un gran giro. No puede haber impunidad, porque esta lleva a la desesperación y a la violencia”.
Publicación original: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/04/actualidad/1415064990_532549.html
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