Oscar Rodríguez
En Oaxaca creció el numero de activistas sociales ligados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que han buscado el exilio político, al denunciar ser victimas de hostigamiento policiaco por sus vínculos con grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En los últimos 10 años al menos unos 30 activistas sociales lograron asilo político en países sudamericano y europa que temieron detenciones arbitrarias.
El último caso es el del profesor de la sección 22 de la CNTE Gustavo Adolfo López Ortega, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), quien solicito asilo político junto con sus familiares en países como Grecia, Cuba, Venezuela, Francia y España luego de ser hostigado judicialmente por la Policía Federal por sus presuntos vínculos con la guerrilla.
La indagatoria se basa en un presunto informe elaborado por el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), que vincula las actividades del docente con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
López Ortega temió un atentado o alguna detención extrajudicial por dichos informes infundados.
El diputado Jesús López Rodríguez presentó ante el pleno del Congreso Local un punto de acuerdo para exigir a la federación se deje de hostigar e intimidar a dirigentes y activistas sociales, haciendo uso de los órganos de inteligencia como el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal.
Afirmó que no se puede seguir persiguiendo de manera dolosa y sin fundamente por sus ideales a diferentes actores sociales y políticas, máxime sin son opositores al régimen en el poder.
Advirtió que se violentan los tratados y acuerdos internacionales al criminalizarse la lucha social, evidenciando al gobierno federal en funciones como autoritario y retrogrado.
Afirmó que en los últimos 3 años en Oaxaca, tres alcaldes opositores al PRI, fueron victimas de atentados, entre ellos el alcalde de San Andrés Cabecera Nueva Everardo Hugo Hernández Guzmán.
También se ha atentado contra 8 regidores y 17 activistas sociales, entre ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin dejar de mencionar que hay 21 desapariciones forzadas de activistas sociales documentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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