Oscar Rodriguez
La Comisión de la Verdad de Oaxaca, no actuará con sesgo político y su alcance será hasta donde tenga que llegar para lograr justicia, para dar respuesta a las victimas de derechos humanos, desde aquellos que estaban involucrados con el movimiento social, hasta los terceros afectados, afirmó su presidente Alejandro Solalinde.
Dijo que el mandato del organismo civil es investigar los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos en el periodo 2006 y 2007, incluso desde antes de que se gestaran.
Afirmó que serán llamados a cuentas todos los involucrados, desde funcionarios municipales, estatales, federales y hasta policías, militares y marinos.
Abundó que de lo que se trata es que haya una reinvidicación de las víctimas y se logren instaurar medidas de no repeticion, además de que se lleve a juicio a todos los responsables.
Dejó claro que el resolutivo de la comisión de la verdad no será en blanco y negro, no estará dedicado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ni la APPO, abarcará todo el espectro de ciudadanos agraviados, incluso aquellos que fueron víctimas de ataques por parte de los mismos docentes y activistas en las barricadas que fueron impuestas en las calles durante esa época.
Aclaró que el hecho que su resolutivo se emita en marzo del 2016 es circunstancial, rechazando que se busque con el mismo incidir en las elecciones de gobernador de Oaxaca de llevaran a cabo en ese tiempo.
Solalinde afirmó que para la Comisión de la Verdad es importante señalar que “no es posible fincar responsabilidades a priori, no podemos aun señalar a las y los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, ya que esto será resultado de la investigación que se realiza con una metodología basada en un enfoque de derechos humanos”.
Lo que sí podemos afirmar es que se investigará la actuación de todos los servidores públicos que estuvieron en funciones en los años 2006 y 2007 en Oaxaca. Se realizará un trabajo comprometido y exhaustivo, se revisará toda evidencia o prueba que nos permita comprobar la comisión de delitos, las faltas administrativas, las violaciones a los derechos humanos y en su caso la consumación de delitos de lesa humanidad.
Por todo ello, abundó la Comisión de la Verdad exhorta a la sociedad oaxaqueña a que acuda a brindar su testimonio o bien a contribuir con la información con la que cuente a fin de colaborar con este esfuerzo para la obtención de la verdad y la justicia en Oaxaca.
Aseguró que el éxito de la Comisión de la Verdad de Oaxaca dependerá en buena medida de la participación ciudadana, del respaldo de la comunidad y el involucramiento de las víctimas en todo el proceso de la investigación. Sin duda, en esta tarea es fundamental la contribución de las víctimas del conflicto, las viudas, los huérfanos, quienes perdieron su empleo, quienes fueron detenidos injustamente, quienes resultaron lastimados y dañados.
Dejó claro que esta Comisión de la Verdad quiere dejar en claro un mensaje “no podemos permitir que se perpetúe la impunidad en Oaxaca, tenemos que sentar un precedente para que estos hechos no se repitan más.”
Durante los últimos meses del año pasado, la Comisión de la Verdad realizó actividades de capacitación para el equipo de investigación con el consultor de Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Rescia.
Además sostuvo encuentros con instituciones públicas, organizaciones civiles, organismos de la iglesia e instituciones académicas, y se ha solicitado información a las diversas instituciones del Estado. Esta Comisión de la Verdad mantendrá una política de diálogo y puertas abiertas con toda la sociedad oaxaqueña.
El comisionado Diego Osorno, afirmó que las indagatorias no serán públicas, guardaran la secrecía que corresponda porque habrá protección para los testigos cuya identidad se salvaguardara.
La Comisión de la Verdad goza de un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados de 12 millones de pesos y cada comisionado recibirá un salario mensual de 60 mil pesos.
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