Oscar Rodríguez
La Presidenta de la Comisión Indígena en el Congreso Federal Eufrosina Cruz afirmó que ningún sistema de usos y costumbres debe prevalecer si justifica las agresiones contra mujeres, porque ante todo debe predominar la ley.
La legisladora consideró necesario exhortar a las instancias que imparten justicia a que “hagan valer la ley y castiguen con rigor al que cometa un delito, más aún cuando la víctima es una mujer, y protejan a sus familias”.
Los feminicidios se presentan en todos los sectores y niveles, no sólo en el indígena, por lo que también urgió a sensibilizar y asegurar que se castigue a los infractores, porque muchas veces los detenidos son liberados sin que hayan enfrentado su responsabilidad.
Debe aplicarse la ley de forma correcta y evitar actos de corrupción que, además, provoquen la salida de la cárcel de quienes han llevado a cabo delitos, principalmente cuando han violentado o asesinado mujeres.
La legisladora planteó que antes que pensar en incrementar las penas a quienes perpetren un homicidio o feminicidio, debe asegurarse que los procesos penales se realicen de forma transparente, pues “no tiene caso que se establezcan penas de 40 o de 100 años de cárcel, cuando el que cometió el delito en un año ya está fuera”.
Más allá de si es feminicidio, al final del día es una muerte y no debe haber impunidad, sea hombre o sea mujer quien haya cometido algún asesinato.
Cruz Mendoza alertó también que el sector indígena enfrenta un fuerte rezago en materia de impartición de justicia, principalmente por la falta de traductores, ya que algunas de las personas bajo proceso sólo conocen el dialecto de su lugar de origen.
En este sentido también llamó a los jueces a que se sensibilicen ante esta situación, porque “es un asunto de aplicar la justicia como tiene que ser”.
“Necesitamos un proceso transparente y con mucha sensibilidad por parte de los que imparten justicia, es la pieza que nos ha faltado”.
Antes y con respecto al presupuesto en materia indígena, dijo que se logro un aumento considerable, particularmente para atender los pueblos y comunidades con altos grados de desigualdad social localizados en Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
«En este año en el anexo para Pueblos y Comunidades Indígenas se lograron 82 mil millones, mientras que el año pasado fueron 77 mil, con un aumento considerable para los pueblos y comunidades indígenas», sostuvo.
Detallo que se incrementó en 750 millones de pesos el presupuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), siendo el único rubro dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que fue elevado.
Mencionó como pendiente la Ley de consulta, pero que tiene posibilidades reales de avanzar, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres indígenas en todos los países y obliga a los estados a armonizar sus leyes en la materia.
«Lograr que la ONU haya adoptado nuestra propuesta, me hace sentir contenta y me obliga a exigir a México que cumpla con esta determinación del organismo», dijo.
Indicó que la reforma en la materia ya se aprobó en el Congreso de la Unión y está siendo votada en los congresos locales, en donde 11 estados la han aprobado y esperó que siga en esa ruta para que se devuelva al Senado y se turne al Ejecutivo para su publicación y decreto.
Dejar una contestacion