Oscar Rodríguez
La Auditoria Superior del Estado (ASE), anunció que ha turnado ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) al menos unas 10 denuncias contra ex presidentes municipales que incurrieron en presuntos peculado, entre los que se encuentra el ex alcalde de Juchitan de Zaragoza Daniel Gurrión Matías.
El titular del organismo Carlos Altamirano afirmó que las revisiones y auditorias ha sido practicadas con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.
Detalló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó una revisión exhaustiva a los recursos del Ramo 33, específicamente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos en el último año de la administración de Daniel Gurrión Matías, en el municipio de la heroica ciudad de Juchitán.
Los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-20043-14-0992, fueron los siguientes:
Los recursos ejercidos por el municipio de Juchitán, ascendieron en el 2013 a 62 millones 100 mil pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión física y documental 48 millones 354 mil pesos, que significaron el 78% de los recursos asignados.
El dictamen del ente fiscalizador fue en sentido negativo, me explico.
Primera irregularidad. Se comprobó que Daniel Gurrión contrajo un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), por 19 millones 962 mil pesos, mediante contrato formalizado el 28 de diciembre de 2011.
De este préstamo, le fueron descontados 10 millones 962 mil pesos al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013. Del expediente del préstamo se comprobó que se destinaron al financiamiento de obras denominadas “Sustitución de luminarias ahorradoras de energía del alumbrado público en el municipio”, obras que no están comprendidas en los rubros previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y que, por su ubicación, fueron ejecutadas preferentemente en la cabecera municipal, por tanto no beneficiaron a la población con mayores carencias del municipio.
Por lo cual, la ASF argumenta que existe un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de diez millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y seis pesos, más los rendimientos financieros desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, esto por destinar los recursos federales del FISM a pagar un crédito que no está previsto en la ley, pero además, la obra fue ejecutada en donde no se concentran los sectores de la población en condiciones de pobreza extrema y rezago social.
Segunda irregularidad. El municipio no envió a la Secretaría de Hacienda los informes de los cuatro trimestres sobre la aplicación de los recursos del FISM 2013, así como los de nivel fondo e indicadores de desempeño del mismo periodo, ni se publicaron los avances del ejercicio del gasto en los medios de difusión locales y electrónicos, por lo que se desatendió la estrategia de garantizar una adecuada transparencia y rendición de cuentas.
Tercera irregularidad. El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Ante todo esto, la ASF determinó que aun cuando se ejerció el 100% de los recursos asignados al municipio; sin embargo, sólo el 0.8% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó más de la mitad de los recursos en obras y acciones de urbanización como pavimento y obras similares, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación.
En conclusión, la administración municipal que encabezó Daniel Gurrión está obligada a devolver los más de 10 millones a la federación, porque se comprobó que no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en contravención de la normativa que regula su ejercicio y tampoco se cumplieron sus objetivos y metas.
Por ello atajó se ha girado orden al agente del ministerio público de la PGJO para que se investigue un presunto peculado cometido por el ex munícipe al frente del gobierno municipal de Juchitan de Zaragoza.
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